La realidad muchas veces supera a la ficción, y este es el caso. Un país europeo ha decidido dar un paso hacia atrás en materia de refugiados. Y no es un país cualquiera, ya que el estado de la todopoderosa Angela Merkel tiene en marcha una campaña en la que ofrece ni más ni menos que 2.200 euros a los inmigrantes que quieran volver a sus países de origen. ¿La única condición? No regresar.
Alemania ha sacado pecho ante la polémica acción, que ha sido duramente criticada a través de las redes sociales, y ha empapelado el metro de sus principales ciudades con grandes carteles en los que se muestra esta oferta, a modo de ‘Black Friday’ perpetuo hasta el próximo 31 de diciembre, fecha límite que tienen los refugiados para acogerse a esta campaña, que además proporcionará ayuda “durante 12 meses con los gastos de la vivienda en su país de origen”.
Como era de esperar, los propios usuarios del metro han reaccionado pintando, e incluso arrancando los carteles a modo de protesta. Y es que, por si pareciese una acción aislada, los medios locales apuntan a que la campaña ha sido iniciada por el Ministerio Federal de Interior de Alemania y, además, se han recogido carteles traducidos hasta en siete idiomas: alemán, inglés, francés, árabe, ruso, pastún y farsi.
A pesar de lo sorprendente de la campaña, no es muy diferente del programa ‘Starhilfeplus’, que lleva en activo desde la década de los 90, y que ofrece 1.200 euros a personas que retiren de forma voluntaria su solicitud de asilo, además de cobertura legal.
El responsable de la Alta Comisaría de la ONU para los Refugiados, Filippo Grandi, se ha mostrado "muy preocupado" por el cariz "restrictivo" en materia de asilo que están tomando algunos países europeos. En una entrevista concedida a Efe, manifestó que "es menester que Europa mantenga abierta la posibilidad de que los refugiados puedan pedir asilo aquí. Si traicionamos esta posibilidad, habremos traicionado uno de los valores fundamentales de la UE".
¿Qué hace mientras España?
Nuestro país, en cambio, está a punto de convertirse en uno de los primeros de Europa en implantar el reconocido modelo de “patrocinio comunitario”. Esta experiencia piloto nace con el objetivo de acoger refugiados “con la implicación y organización de la sociedad civil” y que se iniciará en cinco municipios del País Vaso en 2019.
El proyecto se llevará a cabo gracias a un convenio del Gobierno central con ACNUR o la Plataforma de Jesuitas de la Comunidad Autónoma. En una primera fase, cuatro o cinco familias serán acogidas durante un período establecido, que suele ser de un año. La iniciativa llega a nuestro país tras el éxito del modelo canadiense, importado después a países como Reino Unido, Argentina o Irlanda.
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