Un nuevo informe advierte a las empresas sobre los crecientes riesgos financieros, legales y reputacionales asociados al gasto político, instando a una gestión responsable de sus contribuciones.
En un contexto de creciente polarización política y un escrutinio público intensificado, las empresas que participan en gastos políticos enfrentan riesgos significativamente mayores que en el pasado. Para ayudar a las organizaciones a navegar estos desafíos, el Center for Political Accountability ha publicado recientemente el informe titulado Corporate Political Spending: What Are the Real Risks?, que detalla las amenazas financieras, legales y reputacionales que ahora enfrentan las empresas.
El informe examina tanto los riesgos inmediatos como los emergentes. Las empresas que carecen de un marco sólido para guiar sus contribuciones políticas corren el riesgo de provocar reacciones públicas adversas, boicots, represalias regulatorias, corrupción y descontento entre los empleados.
El informe también presenta casos destacados —desde la volatilidad de acciones de Tesla hasta la disputa de Disney con el gobernador de Florida y las repercusiones del escándalo de soborno de mil millones de dólares de FirstEnergy— para ilustrar cómo una gestión deficiente del gasto político puede perjudicar tanto la rentabilidad como la credibilidad empresarial.
Las empresas tienen la obligación de proteger a sus accionistas frente a una variedad de riesgos, especialmente aquellos que amenazan sus ingresos y competitividad en una economía global. A medida que el gasto político corporativo se vuelve más complejo, también lo hacen los riesgos financieros y reputacionales asociados.
A medida que los consumidores están cada vez más dispuestos a cambiar su gasto según los valores corporativos, es fundamental que las empresas aborden sus contribuciones políticas con responsabilidad. Las aportaciones desalineadas —apoyando candidatos cuyas visiones contradicen los valores empresariales— pueden resultar en daños significativos tanto en la rentabilidad como en la marca.
Un informe reciente identificó las donaciones políticas como el principal factor que impulsa a los consumidores a dejar de apoyar financieramente a una empresa. La amenaza de boicots ha llevado a compañías prominentes a adoptar políticas robustas de divulgación y responsabilidad política. Con el fin de proteger su línea base, ejecutivos de un importante fabricante alimentario estadounidense tomaron medidas al respecto tras preocuparse por una contribución controvertida que podría llevar a los consumidores a optar por productos competidores.
Los riesgos derivados de los boicots son significativos. Por ejemplo, Target enfrentó un retroceso consumidor tras donar $100,000 a un grupo que apoyaba al candidato gubernamental Tom Emmer —oponente del matrimonio entre personas del mismo sexo— pese al apoyo público previo de Target hacia los derechos LGBTQ. Actualmente, la compañía está nuevamente expuesta a riesgos financieros significativos debido a boicots continuos.
En 2017, la reacción negativa ante la ley HB2 en Carolina del Norte —que restringía el acceso a instalaciones públicas para personas transgénero— resultó en casi $4 mil millones en inversiones perdidas durante los años siguientes. Notablemente, algunas empresas que denunciaron públicamente esta ley habían contribuido anteriormente a grupos políticos nacionales que ayudaron a elegir a los legisladores responsables de su aprobación.
Criticas similares surgieron cuando empresas que ofrecían apoyo para empleados buscando atención relacionada con abortos continuaron contribuyendo a grupos políticos que respaldaban legisladores en Carolina del Norte responsables de implementar una prohibición del aborto.
Las compañías que financian grupos políticos cuyas acciones entran en conflicto con sus compromisos públicos pueden enfrentar importantes riesgos reputacionales y financieros. Por ejemplo, varias empresas con compromisos climáticos donaron al Republican Attorneys General Association, que apoyó California v. Bernhardt—un caso opuesto a las regulaciones federales sobre metano. Aunque estas contribuciones puedan tener como objetivo construir relaciones, pueden parecer hipócritas y generar reacciones adversas del público, socavando así su credibilidad.
En 2023, el senador estatal floridano Frank Artiles fue condenado por dirigir un esquema relacionado con "candidatos fantasmas", financiado por un grupo político vinculado a cabilderos en Florida Power & Light (FP&L). Tras exponer mediáticamente, el CEO Eric Silagy renunció y FP&L junto con su empresa matriz NextEra se vieron envueltos en el escándalo.
De manera similar, los recientes aumentos tarifarios propuestos por FirstEnergy han estado bajo un constante enfoque mediático, debido al escándalo de soborno por $1 mil millones. Este caso representó uno de los mayores ejemplos de corrupción vinculada al gasto político corporativo e implicó cambios drásticos en la alta dirección y una caída notable en el precio accionario.
A medida que las empresas enfrentan crecientes presiones políticas y represalias tanto a nivel federal como estatal, algunos han experimentado represalias por parte de líderes políticos cuya elección apoyaron mediante sus gastos políticos directos o indirectos.
Estos eventos reflejan una tendencia más amplia donde se utiliza la autoridad gubernamental para castigar percibidos oponentes. Esta táctica está siendo cada vez más replicada por líderes estatales que buscan penalizar negocios debido a desacuerdos sobre políticas o posturas públicas.
Diversas compañías han visto cómo sus intereses comerciales se ven amenazados por decisiones políticas inesperadas tras haber financiado campañas electorales. Un claro ejemplo es AT&T, cuya fusión con Time Warner fue objeto de controversia durante la administración Trump debido al trato crítico recibido desde CNN; esto generó tensiones significativas entre la compañía y la administración republicana.
Aparte del impacto directo sobre las operaciones comerciales, Amazon acusó al presidente Trump en 2019 por influir indebidamente en la decisión del Pentágono sobre un contrato millonario destinado al servicio informático JEDI. La compañía argumentó que la hostilidad personal hacia su CEO había afectado este proceso decisional crucial.
Recientemente escaló una disputa entre el gobernador Ron DeSantis y The Walt Disney Company tras la oposición pública de esta última hacia la Ley Parental sobre Derechos Educativos en Florida. En represalia, DeSantis nombró una nueva junta para supervisar el distrito gubernamental donde se encuentra Disney World, despojando efectivamente a la empresa de privilegios autogobernantes.
A pesar de pausar sus contribuciones directas hacia políticos estatales floridanos, Disney ha continuado apoyando grupos políticos nacionales involucrados activamente en elecciones dentro del estado; lo cual contradice sus propios compromisos hacia empleados LGBTQ.
Real Risks proporciona un mapa para actuar ante estos desafíos emergentes. Hace un llamado urgente para que las empresas adopten prácticas sólidas basadas en principios éticos y mitigación del riesgo. Se insta además a líderes corporativos considerar seriamente su compromiso con seguir el CPA-Zicklin Framework for Corporate Political Spending, evaluando proactivamente e integralmente los impactos derivados de su participación política —un componente esencial dentro del deber debido necesario para mantener un entorno empresarial ético y saludable.
Este informe equipa tanto ejecutivos como directores corporativos para navegar eficazmente por esta intersección cada vez más turbulenta entre negocios y política; ofreciendo advertencias claras sobre los riesgos emergentes asociados al gasto político corporativo mientras brinda oportunidades para liderar con integridad.