El Tribunal Supremo de Carolina del Norte no ha emitido un fallo en el caso Leandro, que lleva más de 30 años, afectando la financiación de escuelas públicas.
Después de más de **30 años** de litigio y **650 días** desde que se realizaron los argumentos orales, el Tribunal Supremo de Carolina del Norte aún no ha emitido un fallo en el caso Leandro. Este prolongado proceso judicial ha suscitado la atención de defensores de la educación pública, quienes esperaban que el tribunal anunciara una decisión en esta importante causa.
El caso Leandro, que involucra a cinco distritos escolares (Cumberland, Halifax, Hoke, Robeson y Vance), así como a familias y estudiantes, sostiene que los alumnos de estas áreas han sido privados de su derecho a una educación básica adecuada según lo estipulado por la Constitución del estado. La figura emblemática del caso es **Robb Leandro**, quien fue estudiante en Hoke County en 1994.
La falta de un fallo claro por parte del tribunal tiene implicaciones significativas para la financiación de las escuelas públicas en Carolina del Norte. A lo largo de varios fallos anteriores, el Tribunal Supremo había afirmado que el Estado no había cumplido con su obligación constitucional hacia los estudiantes, extendiendo este mandato más allá de los distritos iniciales involucrados. El tribunal determinó que la legislatura debía aumentar la financiación destinada a las escuelas públicas.
En 2018, el juez del Tribunal Superior **Lee** designó a un experto externo, **WestEd**, una organización de investigación educativa no partidista, para evaluar qué medidas eran necesarias para remediar la situación educativa en el estado. Su informe sirvió como base para desarrollar el Plan Integral de Remediación Leandro, que incluye acciones específicas y requisitos de financiación durante un periodo de ocho años comenzando en 2021.
A finales de 2022, tras las elecciones que modificaron la composición del Tribunal Supremo de Carolina del Norte —de una mayoría demócrata a una mayoría republicana—, se decidió revisar las apelaciones recientes sobre el fallo Leandro. Los líderes legislativos habían solicitado detener los pagos ordenados por el tribunal a los distritos escolares. En marzo de 2023, el tribunal permitió que las decisiones inferiores que suspendían dichos pagos permanecieran vigentes hasta que se revisara nuevamente el caso.
La jueza **Anita Earls**, en su disidencia respecto al fallo de 2023, expresó su preocupación: “Desafortunadamente, hemos esperado demasiado tiempo para ver si el Estado cumplirá con su mandato constitucional de proporcionar a nuestros niños, incluidos aquellos en riesgo que luchan en escuelas con escasos recursos, una educación básica y sólida”. Earls subrayó que “la justicia retrasada es justicia denegada” y enfatizó la necesidad urgente de abordar esta crisis educativa.
Los niños y escuelas públicas de Carolina del Norte siguen esperando un fallo desde los argumentos orales presentados el **22 de febrero** de 2024. Los demandantes están representados por firmas legales como **Parker Poe Adams & Bernstein** y **Tharrington Smith**, mientras que los demandados cuentan con la representación del bufete **Womble Bond Dickinson (SU)** LLP. La situación actual resalta la importancia crítica del sistema judicial en garantizar derechos fundamentales relacionados con la educación.