La Ley ACTIVA en Andalucía busca impulsar la ciencia como motor de desarrollo económico y social, actualizando normativas y fomentando la excelencia e innovación en investigación.
La Ley ACTIVA, destinada a promover la ciencia, la tecnología y la innovación en Andalucía, ha superado el debate a la totalidad en el Parlamento. El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, destacó que esta legislación se erige como un motor estratégico para el desarrollo económico, social y territorial de la región.
Durante su intervención en el Pleno, Gómez Villamandos enfatizó que esta nueva normativa, que busca actualizar la ley anterior de 2007, responde a los desafíos contemporáneos. Este esfuerzo legislativo tiene como objetivo transformar Andalucía mediante el conocimiento y la innovación, movilizando más de 370 millones de euros en fondos públicos para investigación e innovación durante esta legislatura.
El consejero subrayó la importancia de competir por el mejor talento científico, afirmando que "Andalucía necesita herramientas para hacerlo en igualdad de condiciones con las regiones europeas más avanzadas". La Ley ACTIVA establece el Sistema Andaluz de Investigación de Excelencia (SAIEX), que incluye el Instituto Andaluz de Investigación Avanzada (I2A2) y las Unidades de Excelencia de Andalucía. Estas iniciativas están diseñadas para atraer y reconocer talento investigador destacado.
Además, se reconoce la figura del personal tecnólogo como esencial para conectar los resultados de la investigación con el sector productivo. Gómez Villamandos afirmó que se está pasando de un sistema que "retiene" talento a uno que "reconoce, atrae y cuida" a los investigadores.
La ley también introduce una gobernanza clara y compartida en materia de ciencia y tecnología. Se creará una Comisión Interdepartamental presidida por el presidente de la Junta de Andalucía para coordinar todas las políticas relacionadas con estos ámbitos. Asimismo, se establecerá un Consejo Asesor donde estarán representados los principales actores del sistema científico andaluz.
Gómez Villamandos también resaltó la autonomía universitaria en la planificación estratégica de la investigación, respetando así las características particulares de cada institución académica.
Por primera vez, esta normativa incorpora explícitamente el Sistema de Investigación e Innovación en Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía. Esto reconoce la labor crucial realizada por fundaciones biomédicas e institutos de investigación durante años críticos, especialmente durante la pandemia.
"No solo hablamos de investigación sanitaria; también nos referimos a innovaciones que salvan vidas", enfatizó Gómez Villamandos sobre este nuevo enfoque hacia la investigación en biomedicina y tecnologías sanitarias.
La Ley ACTIVA crea una figura pionera: la Oficina de Ciencia, Tecnología e Innovación del Parlamento andaluz. Su propósito es asegurar que las decisiones legislativas estén fundamentadas en evidencia científica. Esta oficina servirá como asesoría técnica y elaborará informes para integrar el conocimiento científico en las políticas públicas.
Con miras a elevar los niveles de inversión en I+D+I al estándar europeo, la nueva ley introduce mecanismos para atraer capital privado mediante patrocinio y mecenazgo científico. Se establecerá un Consejo del Mecenazgo en I+D+I para facilitar colaboraciones entre sectores público y privado.
Asimismo, se dedica un capítulo completo a garantizar que el conocimiento generado en universidades y centros investigativos se traduzca en innovaciones aplicables a empresas y sociedad. La normativa fomenta también iniciativas como Compra Pública de Innovación (CPI) y refuerza los vínculos entre ciencia y empresa mediante clústeres tecnológicos y alianzas público-privadas.
Finalmente, Gómez Villamandos destacó que uno de los pilares fundamentales es impulsar la internacionalización de la ciencia andaluza. Esto incluye fomentar participación en proyectos europeos y crear programas destinados a atraer talento internacional o facilitar el retorno del personal andaluz trabajando fuera del país.