La Fiscalía Europea (EPPO) investiga un fraude de 250,000 euros en un proyecto para jóvenes emprendedores en Rumanía, realizando 25 registros y congelando activos de los sospechosos.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Iasi, Rumanía, en el marco de una investigación sobre un posible fraude relacionado con un proyecto financiado por la Unión Europea. Esta operación se desarrolló esta mañana y abarcó veinticinco registros domiciliarios en Foc?ani y el condado de Vrancea.
Ocho personas han sido llevadas a la oficina de la EPPO en Iasi para ser informadas sobre su condición de sospechosos. La investigación, que cuenta con el apoyo de la estructura de apoyo de la EPPO en Rumanía, así como del Servicio de Investigación de Crímenes Económicos del Inspectorado de Policía del Condado de Vrancea y del Inspectorado de Gendarmería del mismo condado, ha puesto al descubierto un esquema fraudulento vinculado a un proyecto valorado en 250,000 euros (1,227,476 RON).
Este proyecto estaba destinado a apoyar los planes empresariales de jóvenes desfavorecidos mediante fondos no reembolsables provenientes del Programa Operativo de Capital Humano. Según las evidencias recopiladas, los sospechosos controlaban una red de diez empresas establecidas a nombre de jóvenes desfavorecidos con el objetivo de obtener subsidios europeos fraudulentamente.
Se identificaron a diez jóvenes, con edades comprendidas entre los 16 y 29 años, que vivían en condiciones precarias y tenían bajos niveles educativos. Estos jóvenes fueron coordinados para asistir a cursos emprendedores y formalizar la creación de empresas. Sin embargo, muchos desconocían la naturaleza puramente formal de estas iniciativas.
Para dar una apariencia de legalidad, se elaboraron documentos falsos que reflejaban actividades económicas que nunca se llevaron a cabo. Esto incluía pagos ficticios a empleados, compras simuladas y contratos de alquiler falsificados, lo que permitió al grupo acceder indebidamente a los fondos europeos.
Durante la investigación, se realizaron veinticinco registros en propiedades ubicadas en Foc?ani y el condado de Vrancea. Se incautaron diez propiedades, incluidas casas y terrenos, valoradas en aproximadamente 300,000 euros. Además, se congelaron las cuentas bancarias de los diez sospechosos.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes rumanos. La EPPO actúa como la oficina pública independiente responsable dentro de la Unión Europea para investigar y perseguir delitos contra los intereses financieros comunitarios.