Un estudio de Cambridge advierte que el Reino Unido debe mejorar la eficiencia energética para evitar crisis futuras, criticando su enfoque actual centrado en respuestas cortoplacistas en lugar de soluciones sostenibles.
Un estudio liderado por la Universidad de Cambridge, publicado en Environmental Policy and Governance, ha puesto de manifiesto la evolución de las políticas energéticas en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial hasta las reformas anunciadas para 2025. Este análisis señala un claro desvío de enfoques amplios y preventivos, como los programas de eficiencia energética a gran escala, hacia medidas específicas que solo compensan a los hogares después del aumento de los costos energéticos.
“La cuestión clave no es solo quién recibe apoyo, sino por qué la política reacciona tan a menudo en lugar de prevenir”, afirma Tijn Croon, investigador visitante en el Departamento de Arquitectura de Cambridge procedente de TU Delft. “Descubrimos que esto no es accidental: refleja dinámicas políticas e institucionales más profundas que consistentemente favorecen intervenciones visibles y a corto plazo sobre inversiones a largo plazo”.
Los investigadores argumentan que las últimas décadas han revelado un patrón recurrente. Durante las crisis, los gobiernos implementan apoyos amplios y prometen grandes inversiones verdes, pero estas iniciativas suelen ser efímeras. A medida que disminuyen las presiones, la política regresa a esquemas específicos, mayormente gestionados a través de obligaciones para proveedores de energía, dejando a muchos hogares fuera del apoyo, a pesar de los desafíos continuos en cuanto a la asequibilidad energética.
El estudio sugiere que este patrón está impulsado por factores económicos políticos. Las políticas preventivas, como el aislamiento de viviendas, requieren una inversión inicial y ofrecen beneficios a largo plazo, lo que las hace menos atractivas dentro de ciclos electorales cortos. En contraste, medidas compensatorias como el apoyo a las facturas energéticas proporcionan alivio inmediato y visible.
“Lo que observamos es un sistema que responde cada vez más a crisis en lugar de reducir la vulnerabilidad por adelantado”, sostiene Minna Sunikka-Blank, profesora de Arquitectura y Política Ambiental en Cambridge y miembro del Churchill College. “Esto significa que el apoyo llega con frecuencia demasiado tarde y funciona principalmente como un parche”.
El estudio destaca que durante las décadas de 1970 y 1980, el Reino Unido fue líder mundial en eficiencia energética al lanzar la primera Oficina dedicada a la Eficiencia Energética del mundo, campañas nacionales de concienciación y un apoyo gubernamental coordinado para hogares e industrias. Sin embargo, hoy en día se argumenta que el país “es uno de los pocos países europeos de altos ingresos sin un esquema integral y accesible universalmente para subvenciones o préstamos destinados a la rehabilitación energética más allá del reemplazo del sistema de calefacción”.
Dr. Ray Galvin, del Instituto de Liderazgo en Sostenibilidad de Cambridge (CISL), advierte: “Sin una inversión más sólida en medidas preventivas como la eficiencia energética, energías renovables in situ y sistemas de calefacción bajos en carbono, los gobiernos corren el riesgo de enfrentar repetidamente las mismas crisis de asequibilidad”. Aunque se reconoce que puede ser necesario un alivio temporal, este no puede sustituir soluciones estructurales.
Los hallazgos son especialmente relevantes en el contexto actual marcado por el aumento de precios energéticos, donde los gobiernos enfrentan nuevamente presión para intervenir rápidamente. Los autores advierten que depender principalmente del compensatorio podría consolidar un ciclo recurrente de respuesta ante crisis.
A pesar de los recientes compromisos gubernamentales, como la expansión del Programa Hogares Cálidos, el estudio sostiene que los planes actuales siguen siendo insuficientes tanto en escala como en ambición para cambiar fundamentalmente esta trayectoria.
Para romper este patrón, los autores proponen repensar cómo se evalúa y financia la política energética. También sugieren que considerar la asequibilidad energética como un derecho social —como el derecho a tener un hogar cálido y confortable— podría ayudar a anclar enfoques políticos más sostenibles a largo plazo.