El informe de RSF revela cómo la seguridad nacional se ha convertido en una herramienta de represión contra periodistas, quienes enfrentan persecución y encarcelamiento por ejercer su labor informativa. La seguridad nacional se usa para silenciar a los periodistas, afectando la libertad de prensa globalmente. El informe de RSF propone diez recomendaciones para proteger el periodismo frente a estas amenazas.
En nombre de la seguridad nacional, los periodistas son perseguidos, encarcelados, vigilados, forzados al exilio e incluso asesinados. El nuevo informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF), titulado “Cuando la seguridad nacional se convierte en un arma contra el periodismo”, revela cómo este concepto ha sido distorsionado y utilizado como herramienta de represión global. Este documento no solo examina la situación actual, sino que también presenta diez recomendaciones para salvaguardar la libertad de prensa.
El informe destaca que el uso abusivo del concepto de seguridad nacional no solo afecta a periodistas en regímenes autoritarios, sino que también se observa en democracias. Según Anne Bocandé, Directora Editorial de RSF, “la seguridad nacional no puede convertirse en un pretexto para silenciar a los periodistas”. Este fenómeno ha llevado a una normalización del abuso estatal contra la prensa, donde cada vez más gobiernos aprenden unos de otros cómo utilizar las leyes de seguridad para restringir el acceso a información crítica.
Desde 2020 hasta 2026, varios casos ilustran esta tendencia. Por ejemplo, el periodista saudí Turki al-Jasser fue ejecutado; mientras que Frenchie Mae Cumpio, en Filipinas, y Zhang Zhan, en China, fueron encarcelados por realizar su trabajo periodístico. Estos incidentes no son aislados; cientos de periodistas enfrentan acusaciones graves como terrorismo o espionaje simplemente por informar.
A nivel internacional, el medio digital independiente Crimean Solidarity ha sido clasificado como “agente extranjero” por Rusia tras documentar abusos en Crimea. En Estados Unidos, el Departamento de Justicia ha citado a periodistas del Washington Post y del Wall Street Journal, obligándolos a testificar sobre filtraciones relacionadas con la seguridad nacional. Esto pone de manifiesto cómo las legislaciones pueden ser manipuladas para intimidar a quienes buscan revelar verdades incómodas.
A medida que los conflictos armados se multiplican y los regímenes autoritarios se afianzan, el informe señala que estas prácticas represivas están en aumento. En Gaza y Cisjordania, por ejemplo, el Ejército israelí arresta y encarcela a periodistas bajo pretextos relacionados con la lucha antiterrorista. Esta situación también se refleja en otras regiones del mundo donde se imponen narrativas patrióticas que limitan severamente el acceso a información veraz.
A medida que las legislaciones sobre seguridad nacional se endurecen globalmente —como lo indica el reciente deterioro del indicador legal en más del 60% de los países— es evidente que existe una tendencia alarmante hacia la criminalización del periodismo. La utilización indebida de leyes diseñadas para proteger la seguridad está amenazando gravemente los derechos fundamentales asociados con la libertad de expresión.
Ante esta preocupante realidad, RSF ha formulado varias recomendaciones clave para restaurar las garantías democráticas y proteger a los periodistas:
A medida que avanza esta crisis global sobre la libertad de prensa, es crucial que tanto gobiernos como ciudadanos reconozcan el papel esencial del periodismo como garante del derecho a estar informados y como baluarte contra cualquier forma de arbitrariedad estatal.
El informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF) muestra que el concepto de seguridad nacional se ha utilizado para justificar la persecución, encarcelamiento y vigilancia de periodistas, transformándose en una herramienta de represión a nivel global.
RSF formula diez recomendaciones, incluyendo la necesidad de adoptar definiciones precisas de lo que constituye una amenaza para la seguridad nacional y garantizar que cualquier restricción al periodismo sea excepcional, necesaria y proporcionada.
La criminalización del periodismo bajo el pretexto de la seguridad nacional puede debilitar las garantías democráticas y restringir el acceso a información veraz, afectando así los derechos fundamentales de los ciudadanos a informarse.
Los periodistas enfrentan acusaciones como terrorismo o espionaje en diversos países, lo que limita su capacidad para investigar temas de interés público. Ejemplos incluyen casos en Gaza, Hong Kong y varios países latinoamericanos, donde se utilizan leyes represivas para silenciar a quienes investigan sobre corrupción y derechos humanos.