Los rectores de universidades públicas de Andalucía y Canarias han firmado una declaración que enfatiza su compromiso con la colaboración estratégica para mejorar la educación superior. Expresan preocupación por el aumento de universidades privadas de baja calidad y demandan un marco de financiación adecuado. También defienden la autonomía universitaria frente a iniciativas legislativas que amenazan su legitimidad, y solicitan mayor inversión en ciencia y tecnología para impulsar el desarrollo económico y social.
Los rectores de las universidades públicas de Andalucía y Canarias han expresado su firme compromiso hacia una colaboración estratégica, enfocada en impulsar políticas que beneficien a las comunidades universitarias y mejoren la función social de estas instituciones. Este pronunciamiento se realizó durante la II Cumbre de Universidades Públicas, donde se abordaron temas cruciales para el futuro del sistema educativo.
En este contexto, los representantes académicos acordaron transmitir a los gobiernos autonómicos y al estatal su creciente preocupación por la proliferación de universidades privadas de calidad cuestionable en sus regiones. Hasta la fecha, se han autorizado seis campus privados en Andalucía y cinco en Canarias. Por ello, instan a que se establezcan leyes que aseguren que estos nuevos centros cumplan con los requisitos mínimos necesarios para ser considerados universidades, priorizando la educación superior en sus tres misiones fundamentales: enseñanza, investigación y transferencia de conocimiento.
Respecto a la financiación, ambos sistemas universitarios han señalado que están infrafinanciados en comparación con lo estipulado por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un mínimo del 1% del PIB para inversión pública en educación superior. Por esta razón, demandan un marco de financiación plurianual que defina claramente cómo y cuándo se cumplirá con este mandato legislativo.
Además, han manifestado su preocupación por iniciativas legislativas recientes que ponen en riesgo la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española. La Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias ha sido objeto de críticas por socavar la legitimidad democrática de los órganos universitarios y permitir injerencias políticas en el funcionamiento académico.
Por otro lado, los rectores han subrayado la necesidad urgente de aumentar la inversión en ciencia y tecnología. Consideran que esta es una herramienta esencial para el desarrollo económico y social. En consecuencia, solicitan un incremento en los instrumentos de financiación destinados a la investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) para alinearse con la media europea en cuanto a inversión científica. Recuerdan que los países más avanzados ya superan el 3% del PIB en este ámbito.
Este llamado a la acción refleja no solo una preocupación por el presente educativo sino también una visión hacia el futuro del sistema universitario español.