Los rectores de las universidades públicas de Andalucía y Canarias han expresado su firme compromiso hacia una colaboración estratégica, con el objetivo de impulsar políticas que beneficien a las comunidades universitarias que representan. Este acuerdo busca mejorar el desempeño social de estas instituciones educativas.
En este contexto, se han acordado varias medidas clave:
Preocupaciones sobre universidades privadas
1. Se ha manifestado una creciente inquietud por la proliferación desmedida de universidades privadas de dudosa calidad en ambas comunidades autónomas, donde se han autorizado un total de 6 y 5 campus privados respectivamente. a. Por ello, se insta a los gobiernos autonómicos y estatal a garantizar por ley que estos nuevos centros cumplan con los requisitos mínimos para ser considerados universidades, asegurando que atiendan adecuadamente las misiones básicas de la educación superior: enseñanza, investigación y transferencia del conocimiento.
b. Además, se reclama que la autorización de nuevos títulos se realice bajo criterios estratégicos que prioricen el interés general sobre el lucro particular.
Financiación insuficiente y autonomía universitaria
2. En cuanto a la financiación, ambos sistemas universitarios están infrafinanciados respecto al mínimo exigido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que establece un suelo del 1% del PIB para la inversión pública en educación superior. Por lo tanto, se demanda un marco de financiación plurianual que defina claramente cómo y cuándo se cumplirá con este mandato legislativo.
3. La autonomía universitaria, consagrada en el artículo 27.10 de la Constitución Española, está siendo cuestionada por iniciativas legislativas recientes, como la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias. Esta normativa pone en riesgo la legitimidad democrática de los órganos colegiados y unipersonales en las universidades, abriendo la puerta a injerencias políticas en su funcionamiento. Se expresa así una profunda preocupación por esta tendencia intervencionista que amenaza la autonomía del sistema universitario español.
Aumento en inversión en ciencia y tecnología
4. Asimismo, se destaca la necesidad urgente de apoyar e impulsar una mayor ambición por parte de los gobiernos autonómicos y estatal en relación con la inversión en ciencia y tecnología, elementos fundamentales para el desarrollo económico y social. Se solicita un incremento en los instrumentos de financiación para la I+D+i de excelencia, permitiendo así converger con la media europea en inversión científica básica y aplicada. Es importante recordar que los países más desarrollados superan ya el 3% del PIB en inversión total en sus sistemas científicos.
Firmantes:
José Joaquín Céspedes Lorente, Rector de la Universidad de Almería
Casimiro Mantell Serrano, Rector de la Universidad de Cádiz
Manuel Torralbo Rodríguez, Rector de la Universidad de Córdoba
Pedro Mercado Pacheco, Rector de la Universidad de Granada
José Rodríguez Quintero, Rector de la Universidad de Huelva
José Ignacio García Pérez, Rector de la Universidad Internacional de Andalucía
Nicolás Ruiz Reyes, Rector de la Universidad de Jaén
Francisco Javier García Rodríguez, Rector de la Universidad de La Laguna
Lluís Serra Majem, Rector Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
Juan Teodomiro López Navarrete, Rector Universidad de Málaga
Francisco Oliva Blázquez, Rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de AUPA
Miguel Ángel Castro Arroyo, Rector de la Universidad de Sevilla
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