La Fiscalía Europea llevó a cabo búsquedas en Cabo Verde relacionadas con el posible blanqueo de capitales en la investigación 'Ambrósia', tras acusar a 30 personas por fraude fiscal.
La Procuraduría Europea (EPPO) ha llevado a cabo esta semana una serie de registros en Cabo Verde, en el marco de la investigación conocida como *‘Ambrósia’*, que indaga sobre posibles casos de blanqueo de capitales relacionados con los beneficios obtenidos de actividades delictivas. Esta operación se realizó a solicitud del EPPO con sede en Lisboa, Portugal.
El mes pasado, el EPPO había presentado cargos contra 30 individuos en el Tribunal Central Criminal de Lisboa, acusándolos de formar parte de una red criminal responsable de un fraude fiscal que asciende a 35 millones de euros, vinculado al comercio de productos alimenticios esenciales, tales como aceite de oliva, aceite para cocinar y azúcar.
Los operativos se llevaron a cabo en la isla del Sal, donde se realizaron registros tanto en viviendas como en empresas. Durante estas acciones, un individuo fue declarado sospechoso y fue interrogado por las autoridades. Además, se confiscaron bienes valorados en aproximadamente 2.7 millones de euros, que incluyen un edificio con 21 apartamentos y dos locales comerciales.
Las diligencias fueron realizadas por un fiscal del Ministerio Público nacional, con el apoyo del Departamento de Investigación Criminal de Sal perteneciente a la Policía Judicial de Cabo Verde. Un oficial del EPPO también estuvo presente durante las investigaciones.
Esta acción se fundamenta en varios acuerdos internacionales, incluyendo el Acuerdo sobre Cooperación Jurídica y Judicial entre Portugal y Cabo Verde firmado en 2003, así como la Convención de las Naciones Unidas contra la Criminalidad Organizada Transnacional y la Convención sobre Asistencia Legal Mutua en Materia Penal entre los Estados miembros de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP).
Todas las personas involucradas son consideradas inocentes hasta que su culpabilidad sea establecida por los tribunales competentes portugueses. La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros del bloque comunitario.