España está convirtiendo su universidad en una trinchera: quien puede pagar compra futuro; quien no, espera plaza, beca o milagro. Mientras la pública se asfixia entre presupuestos insuficientes e ideología gubernamental, la privada avanza como refugio imperfecto. No asistimos a una crisis educativa, sino a una demolición nacional.
La universidad española ya no está en crisis: está siendo sustituida por otro modelo. Durante décadas, la pública fue el gran ascensor social de la democracia. Hoy empieza a parecerse a una maquinaria gripada: faltan plazas, faltan profesores estables, sobran trámites y se acumulan discursos políticos que convierten el campus en prolongación cultural del Gobierno.
El problema presupuestario es evidente. La LOSU prometió llevar la financiación pública universitaria al 1% del PIB en 2030, pero los rectores siguen reclamando miles de millones adicionales para que esa promesa no sea papel mojado. Mientras tanto, las privadas crecen en número, alumnos de máster y capacidad comercial. España se acerca al absurdo de tener más universidades privadas que públicas, no porque la privada sea el demonio, sino porque la pública ha sido abandonada, utilizada y burocratizada.
Y aquí aparece el asunto incómodo: la universidad pública no solo está infrafinanciada; también está ideologizada. El Gobierno de España, con su lenguaje de “derechos”, “igualdad”, “memoria”, “diversidad” y “transformación social”, ha ido envolviendo la vida académica en un catecismo progresista que no siempre mejora la ciencia, la empleabilidad ni el mérito.
Se habla más de relato que de excelencia, más de sensibilidad política que de exigencia intelectual. La pública corre el riesgo de parecer menos una institución libre de conocimiento y más una sucursal moral del poder.
La privada, con todos sus defectos, escapa en parte a ese sesgo. Puede tener otro problema: convertir la formación en producto, el alumno en cliente y el título en mercancía. Pero precisamente por depender de familias, empresas y empleabilidad, suele estar más obligada a mirar al mercado laboral que al boletín ideológico del ministro de turno. Su sesgo, cuando existe, es comercial; el de la pública, cada vez más, es político. Y entre ambos, el más peligroso para la libertad intelectual es el que se disfraza de virtud pública.
¿Cómo hemos llegado aquí? Por una mezcla letal: infrafinanciación autonómica, desprecio por la carrera docente, plazas públicas insuficientes en grados de alta demanda, inflación de másteres privados y una izquierda gubernamental que ha preferido colonizar culturalmente la universidad antes que financiarla seriamente.
La solución a corto plazo exige realismo: pacto estatal de financiación verificable hasta el 1% del PIB; ampliación urgente de plazas públicas en Medicina, Psicología, Ingeniería, IA y Educación; becas que cubran matrícula, residencia y transporte; evaluación externa de calidad también para la pública; y moratoria de nuevas privadas que no acrediten investigación, profesorado estable y transparencia. El propio Gobierno ha endurecido los requisitos para universidades, exigiendo más investigación, profesorado doctor y experiencia investigadora; ese listón debe aplicarse con idéntica severidad a todo el sistema, también al público.
Pero también hace falta una despolitización radical. La universidad pública debe enseñar a pensar, no a repetir consignas. Si España convierte sus campus en trincheras ideológicas y sus títulos en productos de lujo, no estará reformando la universidad: estará enterrando su futuro bajo una lápida muy cara.