Se han firmado convenios de colaboración entre José Antonio Nieto, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, y Francisco Oliva, el rector de la Universidad Pablo de Olavide (UPO). Estos acuerdos permitirán que estudiantes de Ciencias Sociales y Jurídicas, Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación amplíen su formación académica mediante prácticas en centros que atienden a menores infractores, los cuales son gestionados por la Junta. Además, por primera vez, se incluirán servicios de apoyo a la Justicia proporcionados por la Consejería, tales como los Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA).
Como resultado, se espera que el número de alumnos beneficiados por estas prácticas se duplique, alcanzando casi una treintena durante este curso escolar.
La selección de los alumnos será realizada por la Universidad. Estas prácticas pueden ser de dos tipos: curriculares, que son obligatorias para los estudiantes, o extracurriculares, que son de carácter voluntario. A pesar de que ambas categorías persiguen los mismos objetivos, las prácticas extracurriculares no forman parte de los planes de estudio de las distintas titulaciones.
La gestión de los centros y servicios donde los menores infractores cumplen con las medidas judiciales, ya sean de internamiento o de medio abierto, está a cargo de la Consejería de Justicia. Según Nieto, "el trabajo con estos jóvenes para su reeducación requiere una vocación indiscutible", y además, considera que las prácticas en estos centros ofrecen "una oportunidad para que los estudiantes que están terminando su formación teórica conozcan este ámbito laboral en el que necesitamos profesionales muy cualificados y especializados".
Además de prorrogar esta colaboración por un periodo de cuatro años, la Consejería ha decidido ampliar la oferta de centros donde los alumnos de la UPO puedan realizar prácticas. Esta nueva opción incluye otros servicios de apoyo a la Justicia de la Junta, como el Servicio de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA), que ofrece una atención integral a las víctimas de diversos delitos, y los Puntos de Encuentro Familiar (PEF), que ayudan a garantizar el cumplimiento de los regímenes de visitas con menores en situaciones de conflicto entre progenitores separados o familiares. "Queremos que los universitarios tengan contacto con el ámbito de actuación de la Consejería de Justicia", ha enfatizado.
Unos 25 estudiantes universitarios participarán en prácticas en los tres Centros de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) ubicados en la provincia, que son El Limonar, La Jara y Los Alcores. Además, también realizarán sus prácticas en los dos Grupos Educativos de Convivencia situados en Alcalá de Guadaíra y Montequinto (Dos Hermanas). Asimismo, tendrán la oportunidad de trabajar en el Centro de Día, donde se llevan a cabo talleres y cursos de formación, así como en el Servicio Integral de Medio Abierto (SIMA), que supervisa su progreso mientras cumplen con las medidas no privativas de libertad y elabora informes para los jueces.
"Hemos incrementado el número de plazas para las prácticas y hemos creado más oportunidades para los estudiantes de Derecho, Trabajo Social, Psicología y Educación Social con el fin de que puedan completar su formación en centros administrados por la Junta de Andalucía", destacó Nieto.
Casi una treintena de alumnos de la UPO se beneficiarán este año académico de ambos convenios.
“Las universidades nos brindan una gran cantidad de recursos, incluyendo análisis y estudios, y es nuestra responsabilidad retribuirles mediante la colaboración. Esto permitirá que se enriquezca la formación curricular de los estudiantes y se establezcan vínculos duraderos con las universidades para el beneficio mutuo”, ha comentado, recordando que la Consejería mantiene convenios similares con las Universidades de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y la Loyola.
Nieto ha destacado que "las prácticas son un buen ensayo para nosotros, ya que nos permiten conocer al alumnado y entender cuáles son sus principales habilidades. Además, esto también ayuda a la Universidad a identificar las necesidades de la Administración Pública, con el fin de ofrecer un servicio adecuado a una sociedad en constante cambio. Debemos trabajar juntos para atraer talento hacia la Junta, que representa la principal empresa de Andalucía."
En este contexto, ha señalado que, en su rol como consejero de Función Pública, se está llevando a cabo un esfuerzo para modificar los sistemas de selección. Este trabajo busca asegurar los principios de igualdad, mérito y capacidad, al mismo tiempo que se da importancia a las competencias y habilidades, superando la simple memorización de contenidos.
Finalmente, la universidad ha puesto en marcha el programa GO-UPO, según lo señalado por Oliva. Este programa tiene como objetivo dotar al estudiantado de las habilidades esenciales para navegar en el mercado laboral antes de que realicen sus prácticas. Además, se ha transformado en un componente clave de la formación integral del alumnado.
En el transcurso del evento, Francisco Oliva ha destacado la relevancia de la firma de estos convenios. Desde la implementación del sistema Bolonia, las prácticas se han integrado en los planes de estudio, lo que representa un avance significativo en el ámbito educativo. Asimismo, para la Olavide, "que ofrece programas en Derecho, Criminología, Ciencias Políticas, Trabajo Social, entre otros..., esta primera experiencia laboral mediante las prácticas será crucial para fomentar la vocación".