La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha prohibido a una parafarmacia en Toledo la venta de pruebas de embarazo, reservando este producto únicamente para farmacias. Esta decisión se basa en razones de salud pública y se justifica bajo el Real Decreto 1662/2000, que limita la distribución de productos sanitarios. A pesar de esto, la CNMC sugiere abrir la venta a otros comercios que cumplan con los requisitos necesarios.
La Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha ha tomado la decisión de prohibir a una parafarmacia en Toledo la venta de pruebas de embarazo. Esta medida se fundamenta en una razón imperiosa de interés general relacionada con la salud pública, lo que asegura que no infringe la normativa sobre unidad de mercado.
El Real Decreto 1662/2000 establece que solo las farmacias están autorizadas a distribuir productos sanitarios para diagnóstico in vitro en España, limitando así su comercialización. A pesar de esta restricción, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha sugerido en múltiples ocasiones que se debería permitir la venta de estas pruebas en otros tipos de establecimientos.
Recientemente, la CNMC publicó un resumen de sus actividades relacionadas con la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado durante el mes pasado. En este contexto, es importante destacar que las farmacias son los únicos comercios habilitados para vender pruebas de embarazo, como indica el expediente UM/017/25.
En concreto, la Consejería ha obligado a Medinet Clinic, una parafarmacia situada en Sonseca (Toledo), a cesar la venta de estas pruebas. La normativa vigente prohíbe además su venta online, reforzando así el monopolio farmacéutico en este ámbito.
A pesar del marco regulatorio actual, la CNMC ha recomendado abrir el acceso a estos productos a todos los puntos de venta que cumplan con los requisitos necesarios, tanto presenciales como en línea. Esta apertura podría facilitar un mayor acceso a las pruebas y contribuir al bienestar general.
La situación plantea un debate sobre el equilibrio entre la regulación necesaria para proteger la salud pública y el acceso equitativo a productos sanitarios esenciales. La evolución futura de esta normativa será clave para determinar cómo se gestionará este tipo de comercio en España.