La Oficina del Fiscal Público Europeo ha logrado una nueva condena en el caso Midas, una investigación de fraude fiscal que afecta a 17 países y causa pérdidas de 195 millones de euros.
La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Múnich, ha logrado una nueva condena en el marco de la investigación conocida como Midas, un caso de fraude fiscal que abarca 17 países y que ha causado un daño estimado de 195 millones de euros. Esta es la cuarta persona condenada en relación a este escándalo.
El pasado 15 de julio, el Tribunal Regional de Augsburgo dictó sentencia contra un individuo que se desempeñaba como director de una empresa ficticia. Este sujeto aprovechó las normas del IVA para evadir pagos fiscales, lo que resultó en una pérdida estimada de 1 millón de euros en concepto de IVA. El tribunal le impuso una pena de un año y seis meses de prisión, aunque esta se ejecutará en régimen de libertad condicional.
La investigación del caso Midas está dirigida por las oficinas del EPPO en Múnich y Colonia, y tiene como objetivo desmantelar una organización criminal transnacional responsable de un esquema fraudulento relacionado con el IVA. Este esquema implica la venta de teléfonos inteligentes, dispositivos electrónicos pequeños y mascarillas protectoras. A través de un complejo entramado de empresas ficticias y transacciones simuladas, los implicados orquestaron lo que se conoce como fraude "carousel" del IVA.
La investigación que llevó a esta reciente condena fue realizada por la Oficina de Investigación Fiscal de Berlín. La EPPO actúa como la oficina pública independiente encargada de investigar y procesar delitos que afectan los intereses financieros de la Unión Europea.
A medida que avanza esta investigación, queda claro que el esfuerzo conjunto entre diferentes jurisdicciones es crucial para combatir el fraude fiscal a gran escala. La colaboración entre las autoridades nacionales y europeas es fundamental para desmantelar redes criminales complejas que operan más allá de las fronteras.
Con cada condena, se envía un mensaje claro: las autoridades están comprometidas a luchar contra el fraude fiscal y proteger los recursos financieros europeos. La lucha contra este tipo de delitos no solo es esencial para mantener la integridad del sistema fiscal, sino también para garantizar la justicia económica dentro del bloque comunitario.