El Comité Económico y Social Europeo recomienda utilizar herramientas digitales, como la inteligencia artificial, para simplificar el proceso legislativo en la UE, mejorando la transparencia y reduciendo costos administrativos.
El Comité Económico y Social Europeo (CESE) se convierte en el primer organismo de la Unión Europea en presentar recomendaciones concretas sobre el uso de herramientas digitales para mejorar el proceso legislativo, un ámbito que aún enfrenta problemas de complejidad y falta de claridad. Cada año, se añaden 18,000 páginas de legislación vinculante, lo que genera costos administrativos anuales que alcanzan los 150 mil millones de euros. En este contexto, la inteligencia artificial podría ser un factor decisivo para hacer las leyes europeas más accesibles a la ciudadanía.
En una opinión adoptada durante su plenaria de julio, el CESE instó a las instituciones europeas a aprovechar los beneficios de tecnologías como la inteligencia artificial y la automatización para mejorar la transparencia y eficiencia del proceso legislativo. Sin embargo, también subrayó la necesidad de establecer salvaguardias robustas para prevenir la discriminación, sesgos e inexactitudes en este ámbito.
La implementación adecuada de estas herramientas podría no solo aumentar la consistencia legal y reducir las barreras del mercado único, sino también facilitar el cumplimiento normativo y fortalecer la confianza en las instituciones públicas. Según Alena Mastantuono, relatora de la opinión, “es paradójico que la maquinaria legislativa europea siga operando con una mentalidad propia de tiempos napoleónicos”.
Mastantuono enfatizó que el marco legal actual es excesivamente complejo y fragmentado, dificultando su navegación tanto para ciudadanos como para legisladores. “Nadie puede seguir fácilmente cómo interactúan las normas, lo que complica el cumplimiento y erosiona la confianza en las instituciones”, afirmó.
A lo largo de los años, se ha acumulado una gran cantidad de leyes que han generado cargas burocráticas no intencionadas y han vuelto el sistema cada vez más opaco. Las cifras son reveladoras: se generan 18,000 páginas nuevas de legislación vinculante cada año. Esto implica que un ciudadano promedio necesitaría dedicar aproximadamente 720 horas al año solo para leer estos textos legales, lo que equivale a dos horas diarias. En 2022, los costos administrativos recurrentes en toda la UE fueron estimados en 150 mil millones de euros.
Mastantuono destacó que el CESE es pionero al delinear cómo deben utilizarse las herramientas digitales en el proceso legislativo: “Ofrecemos soluciones y recomendaciones sobre cómo debería evolucionar el proceso legislativo europeo aprovechando las herramientas digitales y mapeando más eficazmente las obligaciones legales”.
El CESE propuso que todos los nuevos actos legales – ya sean a nivel europeo, nacional, regional o local – incluyan un resumen claro y conciso que explique sus requisitos. Estos resúmenes deben ser elaborados por reguladores para garantizar precisión y claridad, además de estar formateados para facilitar su uso con herramientas digitales. Esto permitiría a la inteligencia artificial identificar superposiciones, inconsistencias y vacíos al conectar normas relacionadas.
Otra recomendación clave es establecer una plataforma digital única e interoperable para la elaboración de leyes dentro de la UE. Esta plataforma centralizaría textos y metadatos, permitiría verificaciones de consistencia en tiempo real e incentivaría el uso de un lenguaje armonizado.
A pesar del avance hacia la digitalización, el CESE subraya la importancia de mantener un enfoque centrado en las personas donde las herramientas de inteligencia artificial asistan a los legisladores sin reemplazarlos. Antes de implementar estas herramientas digitales, debe realizarse una revisión cuidadosa junto con una capacitación adecuada.
Es fundamental facilitar a los ciudadanos mecanismos simples para dar feedback o reportar problemas relacionados con nuevas normativas. La transparencia en las consultas públicas es crucial; además, se destaca que la alfabetización digital es esencial para asegurar una participación significativa.
Aunque los instrumentos online pueden ayudar a recopilar aportes valiosos, el CESE advierte que nunca deberían reemplazar métodos tradicionales para involucrar a sindicatos, socios sociales y comunidades vulnerables.
Diversos países ya están adoptando innovadoras herramientas digitales en sus procesos legislativos. El sector privado está ofreciendo ejemplos inspiradores con sistemas electrónicos legales diseñados para ayudar a las empresas con su cumplimiento normativo, como es el caso del Sistema Legal Electrónico Checo.