El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una consulta pública para actualizar el servicio universal de telecomunicaciones, adaptándolo a las nuevas tecnologías y necesidades del mercado.
El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha lanzado una consulta pública con el objetivo de recabar opiniones sobre la actualización del servicio universal de telecomunicaciones. Esta iniciativa busca adaptar ciertos elementos del servicio a las nuevas realidades tecnológicas, económicas y competitivas que se han desarrollado en el mercado. La consulta se centra también en las innovaciones introducidas por la Ley General de Telecomunicaciones de 2022.
El servicio universal es fundamental para la protección de los usuarios, ya que asegura un conjunto básico de servicios accesibles a toda la ciudadanía, sin importar su ubicación geográfica, y a precios razonables. Entre estos servicios se incluyen las comunicaciones de voz mediante conexión fija y el acceso a internet de banda ancha, que actualmente debe ofrecer al menos 10 Mbit por segundo en descarga.
Además, este servicio contempla condiciones específicas para colectivos vulnerables y personas con discapacidad, garantizando así una mayor inclusión en el acceso a las telecomunicaciones.
Actualmente, el servicio universal está regulado por el Real Decreto 424/2005, datado del 15 de abril. A pesar de las actualizaciones que trajo consigo la Ley General de Telecomunicaciones de 2022, es crucial definir algunos aspectos adicionales considerando los cambios en el entorno tecnológico y competitivo. La ley establece que, dependiendo de esta evolución, se podrán modificar las velocidades mínimas requeridas para el acceso a internet.
Otra innovación significativa introducida por esta legislación es la obligación para todos los operadores de telecomunicaciones de ofrecer tarifas asequibles a consumidores con bajos ingresos o discapacidades. Estas tarifas deben ser presentadas bajo condiciones transparentes y no discriminatorias.
La consulta pública permanecerá abierta hasta el miércoles, 3 de diciembre de 2025, brindando así una oportunidad para que ciudadanos y expertos expresen sus opiniones sobre este tema crucial para el futuro de las telecomunicaciones en España.