El Observatorio Jurídico de Legálitas ha revelado un análisis de más de 1,3 millones de consultas legales en España, destacando preocupaciones en áreas como consumo, empleo y vivienda. La banca lidera las inquietudes, con un 60,59% de las consultas relacionadas con gastos hipotecarios y cláusulas abusivas. En el ámbito laboral, los temas de conciliación y autodespido han cobrado relevancia. La crisis del acceso a la vivienda se refleja en el aumento de consultas sobre alquileres. Además, las estafas online se han convertido en el delito más común. Se anticipan cambios significativos para 2026, incluyendo la futura Ley de Crédito al Consumo y modificaciones en permisos laborales.
El Observatorio Jurídico de Legálitas ha llevado a cabo un exhaustivo análisis utilizando herramientas de inteligencia artificial, evaluando más de 1,3 millones de consultas para identificar las principales preocupaciones legales de los ciudadanos españoles. Entre los temas destacados se encuentran la futura Ley de Crédito al Consumo, la ampliación del permiso por nacimiento a 19 semanas, la renovación de contratos de alquiler firmados durante la pandemia y el seguro para vehículos personales como los patinetes eléctricos, que se perfilan como cuestiones clave para el año 2026.
El cierre del año 2025 dejó un panorama jurídico en España caracterizado por la incertidumbre económica, la tensión en el mercado de vivienda, una complejidad normativa creciente y un alarmante aumento en la delincuencia digital. Este informe revela que tres áreas concentran la mayor parte de las inquietudes legales: el consumo (26,39%), el ámbito laboral (17,41%) y el inmobiliario (16,40%). Estos datos reflejan claramente las tensiones cotidianas que enfrentan los ciudadanos en relación con su economía, empleo y acceso a la vivienda.
En el área de consumo, que es la más consultada, destaca el papel predominante de la banca, que representa el 60,59% de las consultas. Los españoles continúan lidiando con problemas relacionados con gastos hipotecarios, tarjetas revolving, cláusulas abusivas e impagos derivados de créditos al consumo y microcréditos. Muchos de estos conflictos han permanecido sin resolver durante años y siguen impactando negativamente en las economías familiares.
A este contexto se suma un evento extraordinario: el apagón nacional del 25 de abril de 2025, que provocó un incremento notable en las consultas sobre suministros y telefonía. Miles de usuarios reportaron cortes en el servicio, problemas con facturación y un aumento en prácticas engañosas por parte de comerciales que se hacían pasar por representantes legítimos para forzar cambios contractuales.
En lo que respecta al ámbito laboral, los ciudadanos han buscado asesoramiento para comprender cómo les afectan las reformas recientes y cómo pueden defender sus derechos frente a empresas que han implementado cambios organizativos o horarios en un entorno económico incierto. Las consultas más frecuentes giraron en torno a temas como la conciliación familiar, reducciones de jornada, bajas médicas, jubilación y problemas relacionados con contratos temporales.
Un fenómeno notable ha sido el aumento en las consultas sobre el concepto de autodespido, una figura legal que permite a los trabajadores extinguir su contrato con derecho a indemnización cuando la empresa incumple sus obligaciones. Este cambio indica una mayor conciencia entre los trabajadores sobre sus derechos y una disposición a hacerlos valer.
El acceso a la vivienda continúa siendo un problema estructural significativo. Más del 47% de todas las consultas relacionadas con el sector inmobiliario están vinculadas a alquileres, en un contexto marcado por una oferta escasa y precios elevados. La implementación del nuevo Índice IRAV para actualizar rentas y la aplicación de zonas tensionadas según la Ley de Vivienda han generado un volumen inusitado de dudas jurídicas entre los ciudadanos.
A su vez, se ha observado un incremento en los conflictos dentro de comunidades de propietarios debido a impagos y disputas sobre juntas. La compraventa también ha aumentado (16,35% del área), ya que muchos propietarios optaron por retirar sus viviendas del mercado alquiler ante las nuevas regulaciones.
En cuanto a fiscalidad, la Declaración de la Renta se mantiene como uno de los principales quebraderos de cabeza para los ciudadanos, concentrando el 51,23% de las consultas fiscales. La complejidad técnica del impuesto sumada al temor a cometer errores explica esta alta cifra. Asimismo, hay una creciente preocupación respecto a sucesiones, donaciones y tasas municipales.
No menos alarmante es el auge de las estafas online, que representan ya el 54,45% de todas las consultas penales recibidas. Los delincuentes han cambiado su enfoque hacia entornos digitales donde los beneficios son mayores y los riesgos menores. Las suplantaciones de identidad y fraudes bancarios continúan aumentando exponencialmente.
A medida que avanzamos hacia 2026, varios factores están configurando un panorama jurídico complejo:
Afrontar estos desafíos requerirá una atención especial por parte tanto del sistema legal como de los ciudadanos quienes deben estar informados sobre sus derechos y deberes ante esta realidad cambiante.