Los rectores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria han expresado en el Parlamento de Canarias su descontento por la falta de consulta a las universidades públicas en la elaboración de la Ley Canaria de Ciencia. A pesar de considerar la ley necesaria, critican que su participación ha sido insuficiente y piden un capítulo específico para reflejar su importancia en I+D+i. También abogan por estabilidad presupuestaria y mejoras en el proceso legislativo.
Los rectores de la Universidad de La Laguna y de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco García y Lluís Serra, respectivamente, han comparecido ante la comisión de Universidades, Ciencia e Innovación del Parlamento de Canarias, presidida por la diputada Elena Máñez. Su intervención se centró en expresar el parecer de las instituciones académicas sobre el anteproyecto de la Ley Canaria de Ciencia, actualmente en fase de elaboración.
A pesar de calificarla como una ley “oportuna y necesaria”, ambos rectores manifestaron su deseo de mejorarla para que sea más útil. Criticaron la escasa participación de las universidades públicas en los debates legislativos, señalando que cuando fueron consultadas, no se les proporcionó un texto base sobre el cual trabajar. Consideraron que las vías de participación han sido “insuficientes” y que se ha tratado a las universidades como meros agentes más, a pesar de su relevancia en el ámbito científico.
Los rectores subrayaron que más del 95% de la investigación y desarrollo (I+D+i) en Canarias proviene de estas instituciones, lo que resalta la necesidad de una mayor consulta. Afirmaron que el actual texto presenta omisiones significativas, ya que ambas universidades han logrado resultados excepcionales en áreas punteras, lo cual no está reflejado adecuadamente.
A pesar de contar con menos del 6% del PIB destinado a investigación, han realizado numerosas publicaciones impactantes y han contribuido al tejido productivo mediante la creación de empresas spin-off y avances en campos como la acuicultura y energías renovables. El rector Serra destacó que su universidad ha pasado en cinco años del grupo con menor transferencia a estar entre los líderes en este aspecto.
Ambos rectores solicitaron un capítulo específico en la Ley Canaria de Ciencia dedicado a las universidades públicas para reflejar su importancia dentro del sistema científico regional. Además, enfatizaron la necesidad urgente de garantizar estabilidad presupuestaria para estas instituciones. Como indicó el rector García, es fundamental “blindar un compromiso financiero” para apoyar realmente la ciencia.
A pesar de algunas voces parlamentarias que abogan por una investigación más aplicada, los rectores defendieron un enfoque amplio que incluya todas las áreas del conocimiento. Mencionaron ejemplos históricos donde disciplinas consideradas “inútiles” hoy son fundamentales para el avance tecnológico.
En cuanto a la brecha de género en el ámbito universitario, ambos rectores reconocieron que aún queda trabajo por hacer, pero señalaron avances significativos gracias a políticas específicas y al esfuerzo colectivo. También abordaron el tema de la burocracia universitaria; aunque admitieron su existencia, afirmaron estar implementando mejoras para agilizar procesos administrativos.
Sobre transparencia y rendición de cuentas, recordaron que sus presupuestos son aprobados por el Consejo Social y están disponibles públicamente. El rector Serra enfatizó: “Las universidades no barremos para casa, barremos para Canarias”. Al finalizar su intervención, García obsequió a los miembros presentes un ensayo titulado “La utilidad de lo inútil”, resaltando la importancia cultural y científica frente a visiones utilitaristas.
En una carta previa enviada a los grupos parlamentarios el 4 de junio, los rectores expresaron su “profundo malestar institucional” por no haber sido consultados durante la redacción del anteproyecto. En dicha comunicación presentaron varias propuestas clave:
| Cifra | Descripción |
|---|---|
| 95% | Porcentaje de I+D+i de Canarias que proviene de las universidades públicas. |
| 6% | Porcentaje del PIB invertido en investigación por las universidades públicas. |
| 5 años | Tiempo en que una universidad pasó a estar entre las que más transferencia de investigación realizaban. |