El Gobierno de Castilla-La Mancha ha dado un paso significativo al aprobar el incremento retributivo para el personal del sector público regional, aplicable a los años 2025 y 2026. Esta decisión fue anunciada por el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina, durante una rueda de prensa celebrada en el Palacio de Fuensalida. El acuerdo se formalizó en la reciente sesión del Consejo de Gobierno, donde se detallaron las condiciones establecidas en el Real Decreto-Ley 14/2025, que aborda medidas urgentes sobre retribuciones en el ámbito público.
El incremento retributivo es parte del Acuerdo Marco firmado el 27 de noviembre de 2025 entre el Gobierno de España y las organizaciones sindicales, que establece las condiciones salariales para los empleados públicos hasta 2028. Este nuevo marco incluye un calendario para el pago de los importes y atrasos correspondientes al año 2025, negociado en la Mesa General de Negociación del Personal Empleado Público.
Aumento Salarial y Plazos de Implementación
Ruiz Molina ha destacado que Castilla-La Mancha ha decidido “agotar el tope máximo” permitido por la legislación estatal para este incremento. Para 2025, se ha acordado un aumento del 2,5 por ciento, efectivo desde el 1 de enero, mientras que para 2026 se prevé una subida del 1,5 por ciento, con efectos retroactivos desde la misma fecha. Además, si la inflación supera el 1,5 por ciento en 2026, se incluirá un incremento adicional del 0,5 por ciento, abonado en 2027.
En cuanto a los plazos establecidos con los sindicatos, se ha acordado que el aumento correspondiente a 2025 se reflejará en la nómina de enero de 2026. Esto implica que los atrasos acumulados desde enero hasta diciembre de ese año serán incluidos en dicha nómina.
Impacto Económico y Beneficiarios
Este ajuste salarial tendrá un impacto económico total estimado en 192 millones de euros. La subida del 2,5 por ciento para 2025 representa unos 120 millones, mientras que para 2026 se prevé un gasto adicional de 72 millones, sumando así un total significativo destinado a mejorar las condiciones laborales.
Dicha mejora afectará a más de 100.000 empleados públicos, incluyendo personal administrativo y docente vinculado a instituciones públicas y fundaciones regionales. Esta medida es vista como un paso crucial hacia la mejora continua de los servicios públicos y la calidad de vida en Castilla-La Mancha.
Compromiso con los Servicios Públicos y Rechazo a Recortes
Ruiz Molina enfatizó que estas decisiones buscan fortalecer las condiciones laborales dentro del marco del diálogo social. Se subrayó cómo estas mejoras repercuten directamente en la calidad y excelencia de los servicios públicos ofrecidos a la ciudadanía. Desde 2015, los gastos destinados al personal han aumentado más de 1.500 millones de euros, lo que representa un incremento superior al 55 por ciento.
A pesar del avance logrado con este acuerdo salarial, el consejero también abordó el rechazo a las más de 1.150 enmiendas presentadas por el Partido Popular al proyecto de Ley de Presupuesto para 2026. Estas propuestas fueron desestimadas debido a su potencial impacto negativo sobre los servicios sociales y su falta de viabilidad económica.
Puntos Clave sobre las Enmiendas Rechazadas
Ruiz Molina argumentó que aceptar dichas enmiendas implicaría recortes drásticos que afectarían gravemente a sectores vulnerables, además de poner en riesgo la estabilidad presupuestaria regional. Afirmó que tales propuestas podrían llevar a una situación insostenible con un déficit proyectado superior a los 600 millones.
A modo de conclusión, reafirmó el compromiso del Gobierno regional con mejorar la calidad de vida y bienestar social mediante inversiones sostenibles en servicios públicos fundamentales. La postura clara es “no a recortes” y “sí” a garantizar recursos adecuados para mantener e incrementar las retribuciones del personal empleado público.
Si (
No(
