La política migratoria del presidente Donald Trump ha intensificado los procesos de expulsión inmediata por parte del ICE (Immigration and Customs Enforcement) hacia migrantes con delitos menores, quienes anteriormente no estaban sujetos a deportación. Esta situación afecta especialmente a aquellos que han residido durante años en Estados Unidos (EU), según lo expuesto por el Mtro. Salvador Guerrero Navarro, Director de la Clínica Jurídica «Alaíde Foppa» para Personas Refugiadas de la Universidad Iberoamericana (IBERO).
Guerrero Navarro destacó que las órdenes emitidas en enero del año pasado han **eliminado o reducido** los "alivios migratorios" previamente existentes, como los beneficios otorgados a los dreamers. Este grupo, conformado por jóvenes que llegaron a EU en su infancia y que se benefician del programa DACA, se enfrenta ahora a un mayor riesgo de deportación y ha visto restringidas sus oportunidades educativas y laborales.
Además, el director señaló que las redadas realizadas por los agentes del ICE se han extendido a lugares considerados “sensibles”, como iglesias, hospitales y escuelas. También se han endurecido las condiciones para obtener visas de trabajo, lo que incrementa la irregularidad entre muchos migrantes.
Aumento de la separación familiar en el contexto migratorio
El Mtro. Guerrero Navarro indicó que la separación de familias ha aumentado significativamente. En muchos casos, cuando uno de los padres es detenido, los hijos quedan desprotegidos. Además, se ha observado un incremento en las deportaciones de menores no acompañados.
A pesar de la existencia de estándares internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño, que prohíbe la separación familiar salvo en situaciones extremas, su aplicación en EU depende en gran medida de la discreción de las autoridades migratorias. Guerrero Navarro también subrayó que las instituciones encargadas de proteger a niños migrantes están sobrepasadas y carecen de recursos adecuados.
“Muchas personas migrantes carecen de asesoría jurídica”, agregó Guerrero Navarro. Esto es especialmente problemático para aquellos que enfrentan procedimientos en tribunales migratorios y son detenidos al salir de sus audiencias. Aunque existen organizaciones y clínicas jurídicas universitarias que ofrecen servicios pro bono, estos son insuficientes para atender la magnitud del problema.
Desafíos legales y apoyo consular para migrantes
La falta de información adecuada ha dificultado que muchos migrantes conozcan sus opciones para regularizar su situación. A pesar de contar con una amplia red consular reconocida por su labor protectora, el apoyo legal brindado por los consulados enfrenta limitaciones presupuestarias y falta de personal.
No solo las personas mexicanas son objeto de deportación; también se están enviando a individuos provenientes de países como Venezuela, Cuba, Haití y Nicaragua. Muchos son devueltos a México, donde quedan atrapados en un limbo migratorio mientras solicitan refugio.
“La política migratoria actual es más punitiva y agresiva”, concluyó Guerrero Navarro, resaltando las graves consecuencias que esto tiene para familias y niños. Organizaciones como la 'Alaíde Foppa' para Personas Refugiadas de la IBERO continúan ofreciendo defensa legal gratuita en procedimientos relacionados con el refugio.
Notas relacionadas:
Si (
No(
