La CRUE exige garantías de financiación para el nuevo Estatut del Becari
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) ha manifestado su preocupación ante la reciente aprobación, en segunda vuelta, por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de ley del Estatut de las personas en formación práctica no laboral, conocido como el Estatut del Becari. En este contexto, la CRUE insta al Gobierno y a los grupos parlamentarios a abrir un proceso de diálogo real con las universidades antes de continuar con la tramitación.
Las prácticas académicas externas son consideradas una herramienta formativa esencial para el alumnado universitario. Su objetivo es estrictamente educativo, vinculado a una matrícula vigente y supervisado tanto académicamente como profesionalmente, manteniendo una conexión directa con la titulación cursada. La CRUE está de acuerdo en que es necesario reforzar el carácter formativo de estas prácticas y evitar cualquier uso fraudulento que pueda convertirlas en empleo encubierto. Sin embargo, subraya que el régimen jurídico de las prácticas académicas es competencia del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y debe ser abordado directamente por estas instituciones.
El papel fundamental de las universidades en el diálogo social
Desde el inicio del proceso legislativo, la CRUE ha solicitado que se escuche a las universidades. A pesar de que estas no forman parte de la Mesa de diálogo social, es innegable que el futuro Estatut del Becari impacta directamente en el alumnado y en la organización académica de miles de titulaciones. Las instituciones universitarias pueden ofrecer conocimiento técnico valioso, advertir sobre dificultades en su aplicación y proponer soluciones viables que protejan tanto los derechos del estudiantado como la calidad del sistema educativo.
A pesar de algunos avances en el texto propuesto, como el refuerzo en la tutoría profesional o la protección relacionada con riesgos laborales y derechos vinculados a situaciones de enfermedad o cuidado, persiste un problema estructural: la falta de una memoria económica rigurosa. La principal inquietud radica en cómo se financiarán los costos derivados de esta norma. La obligación de compensar gastos sin una delimitación clara ni un soporte económico suficiente podría comprometer gravemente la viabilidad del sistema de prácticas.
Riesgos para las oportunidades formativas
Más del 40% de las prácticas curriculares se realizan en entidades públicas —como ministerios o centros sanitarios— que ya enfrentan dificultades para cubrir los costos actuales. Sin un financiamiento público adecuado, esta nueva regulación podría resultar en una drástica reducción del número de plazas formativas, especialmente en sectores estratégicos como el sanitario y educativo.
La CRUE advierte que estos costos no deben recaer sobre las universidades ni trasladarse al alumnado mediante incrementos en las matrículas, ya que esto generaría desigualdades entre instituciones y afectaría especialmente a aquellos con menos recursos. La sostenibilidad económica del Estatut debe estar garantizada tanto en su memoria normativa como en los presupuestos correspondientes.
Compromiso por mejorar condiciones para estudiantes
La Conferencia también comparte la inquietud expresada por los representantes estudiantiles acerca del riesgo que corre una regulación sin apoyo financiero suficiente; esto podría reducir la oferta de prácticas y limitar sus oportunidades formativas y laborales. El objetivo común debe ser reforzar derechos y calidad educativa, evitando restricciones al acceso a experiencias clave para la transición al mercado laboral.
Por todo lo anterior, la CRUE solicita que durante la tramitación parlamentaria se integren las alegaciones técnicas ya presentadas por sus órganos competentes y se asegure un marco normativo equilibrado y respetuoso con las competencias académicas, así como económicamente viable. Mejorar las condiciones para el alumnado en prácticas es un objetivo compartido que solo podrá alcanzarse si se respetan dichas competencias y se garantizan recursos reales para su financiación.
Si (
No(
