Los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) funcionan como verdaderas cárceles donde las personas se encuentran retenidas por haber cometido, en la mayoría de los casos, infracciones administrativas. Además, se vulneran garantías y derechos fundamentales en contra de lo que dicta la legislación vigente que afecta a estos centros de internamiento
Esta es una de las conclusiones del informe “Situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) en España y su adecuación al marco legal”, elaborado por las clínicas jurídicas de las universidades Comillas ICAI-ICADE, Barcelona, Valencia y Valladolid, y que se ha presentado hoy en Madrid. En ella se ha analizado la situación de los ocho CIE que hay en España (Algeciras-Tarifa, Barcelona, Madrid, Murcia, Valencia, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife).
Los responsables del estudio denuncian “la falta de implementación de servicios sanitarios permanentes, que se limitan a prestar atención sanitaria básica y no especializada, y siempre inferior a la que se recibiría en un centro de salud”. En este sentido, “no existen mecanismos que permitan detectar la existencia de enfermedades contagiosas, ni medidas que no sean el aislamiento de los internos en condiciones que atentan a su integridad y salud física”.
El informe, que ha sido presentado en el Consejo General de la Abogacía en Madrid, denuncia que hay personas ingresadas que son vulnerables, especialmente menores no acompañados, respecto a los que no se siguen protocolos adecuados para su identificación. “Tampoco consta que los funcionarios reciban la formación obligada por el Real Decreto 162/2014 en derechos humanos, extranjería y enfoque de género”, se asegura en el informe.
Las cuatro clínicas jurídicas, coordinadas por la de la Universidad Pontificia Comillas ICAI-ICADE y por Garrigues, también ponen de manifiesto la ausencia de suficientes sistemas de video-vigilancia, lo cual impide verificar el correcto funcionamiento de los centros, y la dificultad para acceder a las imágenes grabadas por las pocas cámaras que existen en caso de incidentes. El informe también denuncia la falta de garantía de acceso a la defensa jurídica y la desinformación en cuanto a los derechos de defensa de los internos.
Propuesta de mejoras
El informe incluye propuestas de mejora a nivel legislativo, para lo cual habría que abordar algunas reformas. En él se propone prohibir el internamiento en casos de mera estancia irregular por carecer de permiso de residencia o, en general, carecer de documentación en regla; reducir el plazo máximo de internamiento, “por cuanto el plazo de 60 días actualmente vigente parece excesivo y, en todo caso, no justificado, teniendo en cuenta que la legislación anterior a la reforma acometida en el año 2009 especificaba un periodo máximo de 40 días”. Asimismo, el informe pide un control judicial exhaustivo de las acciones administrativas y competencias compartidas entre los Ministerios de Interior, Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y el Ministerio de Empleo y Seguridad, y solicita que la convivencia en el interior de los CIE no quede en manos de los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía que, según el informe, “carecen de la formación precisa (a pesar de que el Real Decreto 162/2014 insiste en este aspecto), debiendo depender, preferentemente, de personal especializado en asistencia social o de un cuerpo funcionarial especializado”.
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