Las Autoridades Europeas de Supervisión (EBA, EIOPA y ESMA) han dado a conocer sus nuevas Directrices conjuntas sobre pruebas de estrés ESG, un documento que busca proporcionar a los supervisores nacionales de seguros y bancos una guía clara para integrar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza en las pruebas de estrés supervisoras. Estas directrices son fundamentales tanto para el uso de marcos establecidos como para la realización de evaluaciones complementarias sobre el impacto de los riesgos ESG.
El objetivo principal de estas directrices es establecer estándares comunes para la inclusión de los riesgos ESG en las metodologías de pruebas de estrés dentro del sistema financiero europeo. Además, ofrecen orientación sobre cómo diseñar pruebas que incorporen estos factores y detallan los arreglos organizativos y de gobernanza necesarios.
Un enfoque flexible y a largo plazo
Las Directrices están concebidas para respaldar un enfoque coherente y sostenible hacia las pruebas de estrés ESG, permitiendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para adaptarse a futuros avances metodológicos y mejoras en la disponibilidad de datos. Es importante destacar que no se introducen nuevos requisitos obligatorios para que las autoridades competentes realicen pruebas de estrés centradas en ESG.
En cuanto a los próximos pasos, estas Directrices estarán sujetas a un procedimiento de 'cumplir o explicar' por parte de las Autoridades Competentes Nacionales. Asimismo, se prevé su traducción a todos los idiomas oficiales de la Unión Europea durante el primer trimestre de 2026.
Contexto y desarrollo del informe final
El Informe Final sobre las Directrices conjuntas sobre pruebas de estrés ESG surge tras una consulta pública y presenta el texto definitivo junto con una evaluación de los comentarios recibidos durante este proceso consultivo. Estas Directrices tienen como propósito asegurar la consistencia, una perspectiva a largo plazo y estándares comunes para las metodologías de evaluación del riesgo ESG, en conformidad con el Artículo 100(4) de la Directiva sobre Requisitos de Capital (CRD – Directiva 2013/36/EU) y el Artículo 304c (3) de Solvencia II (Directiva 2009/138/EC), que exigen la publicación conjunta antes del 10 de enero de 2026.
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