En Cataluña, la población mayor de 65 años supera los 1,4 millones, y se estima que cerca del 20% de estas personas requerirá algún tipo de apoyo continuado en un futuro cercano, según datos del Idescat (2024). Este rápido envejecimiento, junto con el aumento de situaciones de dependencia, está desafiando la sostenibilidad de los sistemas públicos de cuidados y servicios sociales.
Ante esta situación, ha comenzado a cobrar relevancia una solución aún poco conocida: los pactos asistenciales. Estos acuerdos, generalmente formalizados ante notario, permiten que una persona mayor o dependiente establezca un compromiso de cuidado con familiares o terceros a cambio de patrimonio, como la cesión de un inmueble o ahorros.
Los pactos asistenciales representan una alternativa a las residencias y a los servicios domiciliarios convencionales. Sin embargo, también generan nuevos debates sobre cuestiones como la desigualdad, la regulación y la confianza en un sistema de cuidados que muchas familias consideran insuficiente.
Crisis en el sistema público y búsqueda de alternativas
El profesor Daniel Rueda Estrada, docente en los Estudios de Ciencias de la Salud en la UOC, explica que «los pactos asistenciales son acuerdos entre una persona mayor con limitaciones y necesidades de atención que no puede satisfacer por sí misma y otra persona o entidad que se compromete a ofrecer esta asistencia». Los servicios incluidos pueden abarcar desde higiene y movilidad hasta acompañamiento a citas médicas y apoyo emocional.
No obstante, Rueda advierte que el modelo público actual no logra cubrir toda la demanda existente: «Hay un déficit de plazas residenciales públicas; muchas comunidades autónomas no cumplen con la ratio recomendada por Europa de cinco plazas residenciales por cada cien personas mayores». Además, señala que «la ayuda a domicilio y la teleasistencia no satisfacen todas las necesidades, especialmente en lo referente al número de horas asignadas. Esto lleva a muchas familias a buscar alternativas como contratar cuidadores o establecer pactos privados.
El costo mensual para una plaza residencial supera los 2.000 euros, mientras que una atención domiciliaria intensiva puede alcanzar entre 1.200 y 1.500 euros. Según Rueda, «el sistema público sigue siendo lento e insuficiente según la comunidad autónoma, lo que impulsa a las familias a encontrar soluciones propias».
Aislamiento social y desigualdades económicas
El profesor también destaca el aumento del número de personas mayores que viven solas y desconectadas socialmente como uno de los factores detrás del crecimiento de estos contratos. Sin embargo, advierte que «no todas las personas pueden permitirse un contrato privado», lo cual refleja las desigualdades sociales y la incapacidad de muchas familias para enfrentar una realidad cada vez más compleja.
Así las cosas, los pactos asistenciales emergen como una respuesta ante la crisis del sistema público de cuidados en Cataluña, planteando interrogantes sobre su regulación y el impacto en las relaciones familiares.
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