Los derechos territoriales étnicos no logran proporcionar seguridad económica a los afrocolombianos, según una investigación reciente de la Universidad de Manchester. A pesar de que existen leyes diseñadas para proteger a las comunidades afrocolombianas, estas no han logrado sacarlas de la precariedad económica, dejándolas expuestas al narcotráfico y la minería ilegal.
La costa pacífica de Colombia ha sido durante décadas un escenario de “capitalismo extractivo”, caracterizado por la minería de oro ilegal, el cultivo industrial de palma aceitera y el contrabando de drogas. En 1993, una ley emblemática otorgó derechos de propiedad colectiva a estas comunidades, reconociéndolas como “guardianes del bosque” y defensores de un estilo de vida tradicional y sostenible.
Sin embargo, tras cuatro meses de trabajo de campo e entrevistas con líderes comunitarios y activistas, la investigadora Caroline Cornier descubrió que la política identitaria que asegura estos derechos tiende a crear un “callejón sin salida conceptual y práctico”. Según el estudio, publicado en la revista Progress in Development Studies, al definir la identidad afrocolombiana únicamente a través de prácticas tradicionales como la pesca de subsistencia y la agricultura a pequeña escala, se ignora el entrelazamiento efectivo de estas comunidades con la economía capitalista global.
Presiones económicas en comunidades vulnerables
“Soy negro, necesito un territorio... es en el territorio donde nos convertimos en lo que somos”, expresó un líder comunitario en Yurumangui, un pueblo del Pacífico colombiano que ha luchado ferozmente por resistir el avance del cultivo de coca y la minería. Sin embargo, incluso en lugares tan resilientes, la presión está aumentando; el artículo revela que la priorización de la protección ambiental sobre la supervivencia económica ha generado desilusión entre los miembros de estas comunidades.
Como resultado, muchos se ven obligados a recurrir al cultivo de coca y a actividades mineras ilegales para satisfacer necesidades básicas como medicinas o ropa. Un sacerdote local en Tumaco, una región marcada por la violencia, afirmó: “no habría motores de 200 caballos sin cocaína”.
El estudio contrasta la situación pacífica pero precaria de Yurumangui con la “cultura del miedo” en Alto Mira y Frontera, donde líderes comunitarios han sido forzados al exilio o asesinados por resistir el avance del cultivo de palma aceitera y grupos paramilitares. En estos “paisajes entrelazados”, el título legal sobre la tierra ofrece escasa protección frente a flujos establecidos de recursos y control armado.
Un dilema ético para las políticas internacionales
“Concebidos como un mecanismo de conservación, los derechos territoriales étnicos se han convertido en un pacto faustiano”, señala Cornier. “Si bien estos derechos han ayudado a movilizar comunidades dentro de su ‘mundo interno’ cultural, luchan por proporcionarles un puente sostenible hacia el ‘mundo externo’ de la economía global.”
En este contexto, Cornier enfatiza que las políticas internacionales deben reconocer las necesidades económicas reales de estas comunidades. “En lugar de forzar a las comunidades a permanecer congeladas en el tiempo como agricultores subsistenciales, es fundamental abordar sus necesidades materiales para poder proteger verdaderamente la tierra que habitan”, concluye.
DOI: https://doi.org/10.1177/14649934261426727
Si (
No(
