A diez años de su implementación, la Ley Ricarte Soto (LRS) se ha consolidado como un pilar fundamental en la política pública sanitaria chilena. Esta legislación, que surgió tras la reforma de la autoridad sanitaria en 2005 y la creación del GES, ha tenido como objetivo principal garantizar protección financiera ante diagnósticos y tratamientos de alto costo. Aunque se han logrado avances significativos en términos de cobertura, los desafíos derivados de la innovación tecnológica, la concentración del mercado y las restricciones fiscales amenazan su sostenibilidad a futuro.
La Ley Ricarte Soto (Ley N°20.850), vigente desde 2015, fue creada para abordar un vacío histórico en el sistema de salud chileno: la falta de cobertura para terapias costosas que impedían el acceso a miles de familias. A diferencia de beneficios universales como las Garantías Explícitas en Salud (GES), esta ley estableció un mecanismo específico para diagnósticos y tratamientos de alto costo, creando un fondo independiente del presupuesto regular del sector salud y fijando objetivos claros de sostenibilidad financiera en las decisiones sanitarias.
Impacto y evolución del sistema
Desde su entrada en vigor, el número de beneficiarios ha crecido notablemente; pasó de 51 personas en 2015 a más de 74 mil en 2025, con 45.016 beneficiarios activos ese año. De este total, un 77% son afiliados a Fonasa, lo que indica brechas de acceso que están relacionadas con el diagnóstico oportuno.
Antes de la implementación de la ley, el gasto de bolsillo en salud era elevado, alcanzando cerca del 33% del gasto total, uno de los niveles más altos entre los países miembros de la OCDE. Este gasto estaba principalmente asociado a medicamentos y dispositivos médicos, lo que hacía inviable el acceso a tratamientos costosos sin mecanismos adecuados de reembolso.
El programa gubernamental liderado por Michelle Bachelet (2014-2018) incluyó el desarrollo de una política nacional sobre medicamentos y un enfoque específico hacia diagnósticos y tratamientos costosos. El anuncio se realizó durante la Cuenta Pública del 21 de mayo de 2014, estableciendo principios claros: priorizar tratamientos costosos independientemente de su prevalencia, garantizar cobertura bajo protocolos clínicos y crear un fondo específico para su financiamiento. El proyecto fue ingresado al Congreso en enero de 2015 y promulgado en junio del mismo año, reflejando consenso político y solidez técnica.
Estructura y funcionamiento
La LRS opera mediante un proceso secuencial para incorporar tecnologías: se exige cumplir con criterios específicos relacionados con el costo elevado, una evaluación científica favorable, priorización experta y compatibilidad con las limitaciones financieras del Fondo. Este diseño busca equilibrar la protección efectiva para los pacientes con la viabilidad a largo plazo del sistema.
Entre sus características distintivas se encuentran su carácter universal e independiente del asegurador, así como cubrir el 100% del costo para quienes están bajo Isapre. Además, establece qué se considera "alto costo" a través de un umbral nacional anual definido por primera vez en el Decreto Supremo N°59 de 2017.
Desde su implementación, se han emitido cuatro decretos (2015, 2017, 2018 y 2019) para incluir problemas tanto frecuentes como infrecuentes. En 2021, Dipres advirtió que no sería posible sumar nuevas tecnologías a menos que fueran costo-efectivas o se generara espacio fiscal dentro del Fondo. En 2024 se modificó el cuarto decreto para incluir alternativas tecnológicas ya cubiertas que no implicaban aumento fiscal.
Desafíos futuros
A pesar del crecimiento observado en el número de beneficiarios debido a la alta concentración en tecnologías más comunes y tratamientos esenciales, existen retos significativos por delante. La principal preocupación es asegurar la sustentabilidad financiera frente a una rápida innovación tecnológica y restricciones fiscales estructurales. Es crucial adoptar un enfoque proactivo que contemple reglas claras sobre el crecimiento del Fondo alineadas con el crecimiento económico o las variaciones presupuestarias sanitarias.
Además, es vital elevar los estándares dentro del ciclo decisional sobre coberturas sanitarias generales. La Ley Ricarte Soto no debe ser vista como un mecanismo aislado; cuando otros planes carecen de reglas claras y criterios explícitos, la presión por atender brechas termina recayendo sobre esta ley.
Por último, fortalecer los registros clínicos orientados a resultados será esencial para mejorar la efectividad y continuidad terapéutica dentro del sistema. La experiencia acumulada hasta ahora subraya la necesidad urgente de avanzar hacia una institucionalidad autónoma dedicada a la Evaluación de Tecnologías Sanitarias (ETESA), capaz de normar acuerdos innovadores e impulsar compras estratégicas ante mercados altamente concentrados.
Preguntas sobre la noticia
¿Cuál es el principal logro de la Ley Ricarte Soto?
El principal logro de la Ley Ricarte Soto ha sido garantizar protección financiera frente a diagnósticos y tratamientos de alto costo, cerrando un vacío histórico en el sistema de salud chileno.
¿Qué desafíos enfrenta la Ley Ricarte Soto a futuro?
Los principales desafíos incluyen la sostenibilidad financiera en un contexto de innovación tecnológica acelerada y restricciones fiscales, así como la necesidad de elevar los estándares del ciclo de decisiones de cobertura en el sistema de salud en su conjunto.
¿Cómo se determina qué tratamientos son cubiertos por la Ley Ricarte Soto?
La incorporación de tratamientos se basa en un proceso que incluye cumplir con un umbral de alto costo, una evaluación científica favorable, priorización experta y compatibilidad con las restricciones financieras del Fondo.
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