Los límites de Willy Toledo

Podríamos zanjar el debate alegando que a Toledo le asiste toda la legitimidad del mundo cuando considera más democrática a Cuba que a España o Estados Unidos (“el mayor monstruo militar y político de la historia de la humanidad”), pero sería poco riguroso reducir las posiciones ideológicas a una mera cuestión de gusto, como si optar entre un régimen u otro fuera tan personal como preferir Velázquez a Monet o Wagner a Verdi.

De las declaraciones de Toledo se infiere que el actor concede una importancia decisiva a los derechos sociales. Para él, lo específico de una democracia es el acceso a bienes como la vivienda, la educación o la sanidad. Después de todo, ¿de qué te sirve un reconocimiento formal de libertad si careces luego de la cultura o los medios materiales para ejercerla? ¿Cómo puede considerarse democrática una sociedad que no garantiza las necesidades más elementales de la población?

El problema de los planteamientos que dan prioridad a los derechos sociales es que han conducido tradicionalmente a modelos políticos que entran en conflicto con el concepto liberal de democracia, y que es esencialmente una fórmula de autogobierno. Como explica Robert Dahl en La democracia económica, existen unos “derechos que razonablemente podríamos convenir en considerar fundamentales” en el sentido más literal del adjetivo, es decir, sin los cuales no puede fundarse una democracia. Esos “derechos políticos primarios” serían los que permiten concretar esa voluntad popular que debe servir de guía al gobierno, y entre ellos figurarían el voto, las libertades de expresión e información, la posibilidad de asociarse, de ser candidato y de ejercer un cargo público, y la celebración regular de elecciones.

Estos derechos son previos a la democracia. Permiten dotar de voz a ese pueblo en cuyo nombre han hecho la revolución Castro o Hugo Chávez, y ni siquiera la más abrumadora de las mayorías puede despojarnos de ellos sin destruir la democracia. Ha habido, por supuesto, casos de naciones que han manifestado democráticamente su deseo de no ser gobernadas democráticamente. Sus votantes creían que el mandatario así designado poseía una fórmula capaz de colmar todas sus aspiraciones. Por desgracia, no tardaron en comprobar que ese ogro filantrópico y omnisciente no existe (o al menos no es ni filantrópico ni omnisciente).

De todos modos, aunque los derechos sociales que Toledo reclama no sean fundamentales en el sentido de previos, ningún régimen puede considerarse legítimo mientras persistan graves injusticias, y reputados liberales como Alexis de Tocqueville conferían mucha importancia a la igualdad. En su opinión, las diferencias económicas no tardaban en trasladarse a la esfera política. La democracia en América era posible porque se levantaba sobre una base social homogénea.

Pero Tocqueville era también consciente de que la igualdad y la libertad no son perfectamente compatibles, y nunca halló una solución satisfactoria para este dilema, seguramente porque no existe. Cada uno de nosotros abriga una opinión distinta sobre la proporción en que deben combinarse la igualdad y la libertad en una sociedad justa. Ésa es básicamente la línea que divide a la izquierda de la derecha.

El que no haya modo de determinar dónde está el punto ideal de equilibrio no significa, sin embargo, que cualquier posición sea democrática. La democracia tiene unos límites, que son los que hacen posible la propia democracia, y en Venezuela y en Cuba se rebasaron hace tiempo. En el nombre de la voluntad popular, se vulneran esos “derechos políticos primarios” que hacen posible que ésta se manifieste libremente. Si el resultado hubiera sido un estallido de riqueza, quizás tuviera alguna justificación práctica, pero la historia enseña que cuando se sacrifica la libertad al progreso, se queda uno sin libertad ni progreso.