A partir del 7 de junio de 2024, los consumidores españoles cuentan con una nueva protección frente a las molestas llamadas comerciales no solicitadas. Esta medida, que responde a una demanda social creciente, supone un cambio significativo en la forma en la que las empresas pueden contactar a los potenciales clientes. La abogada Laura García, experta en derecho digital y privacidad de Fieldfisher España, explica en un reciente artículo publicado en la web de su firma las claves de esta prohibición y su impacto en el sector empresarial.
La nueva regulación, recogida en la Ley General de Telecomunicaciones, prohíbe de forma expresa las llamadas comerciales no solicitadas, salvo que el usuario haya dado su consentimiento previo o exista una relación contractual previa que lo justifique. Según Laura García, “esta medida refuerza el derecho de los ciudadanos a no recibir comunicaciones comerciales no deseadas, alineando la normativa española con los estándares europeos de protección de datos y privacidad”.
Hasta ahora, muchas empresas utilizaban la vía telefónica como canal principal para captar nuevos clientes, amparándose en interpretaciones más laxas de la normativa. Sin embargo, a partir de la entrada en vigor de la nueva ley, las compañías deberán revisar sus estrategias de marketing y adoptar mecanismos más respetuosos con la privacidad de los usuarios. “Las empresas tendrán que asegurarse de contar con el consentimiento expreso de los destinatarios antes de realizar cualquier llamada comercial”, subraya García en su análisis para Fieldfisher.
La abogada también recuerda que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) será la encargada de velar por el cumplimiento de esta prohibición y podrá imponer sanciones a aquellas empresas que la incumplan. Además, los consumidores podrán ejercer su derecho a no recibir llamadas comerciales mediante la inscripción en listas de exclusión publicitaria, conocidas como listas Robinson.
En definitiva, esta nueva regulación supone un avance importante en la protección de los derechos de los consumidores y en la mejora de la calidad de las comunicaciones comerciales en España. Como concluye Laura García, “la prohibición de las llamadas comerciales no solicitadas marca un antes y un después en la relación entre empresas y consumidores, impulsando un entorno más respetuoso y transparente”.
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