La Universidad de Cantabria (UC) ha dado un paso significativo hacia la modernización de su estructura organizativa. En una sesión ordinaria del Claustro Universitario, se aprobó el inicio del proceso de reforma estatutaria, siguiendo la propuesta presentada por el Consejo de Gobierno.
Durante esta reunión, también se eligieron los representantes que formarán parte de la Comisión de Reforma de los Estatutos. Esta comisión estará compuesta por 30 miembros provenientes de diversos sectores: 17 profesores doctores con vinculación permanente, 5 del resto del profesorado y personal investigador, 5 estudiantes y 3 miembros del personal técnico, de gestión y administración y servicios (PTGAS). Se espera que esta comisión presente su informe sobre la propuesta inicial en un plazo máximo de dos meses.
Detalles sobre la Representación y el Proceso
El primer sector cuenta con una representación equilibrada que incluye tanto a cargos académicos como a figuras docentes, asegurando también paridad de género. Según Julio Álvarez, secretario general de la UC, el tiempo para llevar a cabo esta reforma es limitado; se estima que solo hay cuatro meses para elaborar un anteproyecto debido a varios factores, como el retraso en las elecciones a rector y la finalización del mandato del claustro anterior. Esto ha llevado a la necesidad de constituir un nuevo claustro.
Para facilitar este proceso, el borrador inicial ha sido elaborado por Javier Barcelona, catedrático de Derecho Administrativo en la UC. Una vez que el texto sea aprobado en el claustro, deberá ser enviado al Gobierno de Cantabria para su revisión legal, con el objetivo de tener los nuevos estatutos listos para marzo.
Cambios Impulsados por la Nueva Ley Universitaria
La reforma estatutaria se enmarca dentro de los cambios introducidos por la Ley Orgánica 2/2023, del Sistema Universitario (LOSU), que plantea modificaciones significativas. Entre ellas se destaca un enfoque más filosófico hacia el conocimiento, enfatizando su utilidad social y promoviendo conceptos como la ciencia abierta y el aprendizaje permanente.
Además, Álvarez señala cambios concretos que buscan reducir la precariedad laboral en las universidades. Por ejemplo, se establece que el porcentaje de contratos temporales debe disminuir del 40% actual al 8%. También se modificará el sistema electoral para ciertos órganos académicos, así como los requisitos para acceder al cargo de rector o rectora y garantizar una representación mínima estudiantil en diversos órganos.
Una Nueva Filosofía para los Estatutos Universitarios
El secretario general enfatiza que la intención detrás de estos nuevos estatutos es que no funcionen como un reglamento exhaustivo ni regulen cada aspecto de la vida universitaria. En cambio, se busca establecer una norma básica que sirva como punto de partida para que el Consejo de Gobierno pueda desarrollar normativa adicional con mayor agilidad.
A través de esta reforma, se pretende crear unos estatutos “de mínimos” que no endurezcan los requisitos establecidos por la LOSU, permitiendo así una mayor flexibilidad y adaptabilidad en la gestión universitaria.
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