Un grupo académico de la Escuela de Gobierno UC, liderado por Andrea Repetto y Harald Beyer, ha llevado a cabo un análisis exhaustivo sobre los efectos del sistema propuesto en el fisco, la sustentabilidad económica de los estudiantes y, especialmente, en la autonomía universitaria. Este último aspecto es considerado uno de los más críticos para el rol público del sistema de educación superior.
La Pontificia Universidad Católica de Chile ha presentado un documento que evalúa técnicamente el proyecto de ley que crea un nuevo sistema de Financiamiento de la Educación Superior (FES), actualmente bajo discusión en el Congreso. Esta evaluación fue solicitada por el rector Juan Carlos de la Llera en agosto pasado y concluye que, aunque la iniciativa busca abordar la deuda educativa y mejorar los mecanismos de financiamiento, podría tener repercusiones significativas en tres dimensiones clave: las cuentas fiscales, los costos para los egresados y, particularmente, la autonomía e institucionalidad de las universidades.
Análisis crítico del FES
El informe fue elaborado por un equipo multidisciplinario que se basa en datos públicos, estimaciones propias y evidencia internacional comparada. Los autores advierten que el diseño del FES podría generar una mayor dependencia estructural del financiamiento estatal, limitando así los ingresos alternativos y estableciendo aranceles mediante criterios ajenos a las instituciones. Esto podría comprometer gravemente la autonomía universitaria y homogeneizar los proyectos educativos, lo cual limitaría la capacidad del sistema para mantener su diversidad y su rol público.
“El proyecto pone en serio riesgo la autonomía al generar una dependencia financiera estructural hacia el Estado, restringiendo la capacidad de gestión y la diversidad de proyectos educativos”, señala el informe. Esta advertencia resalta cómo una excesiva centralización del financiamiento puede uniformar las misiones académicas de las instituciones, disminuyendo su contribución única al sistema educativo y su función crítica dentro de la sociedad.
Impacto fiscal y sostenibilidad económica
Según el estudio, se estima que el FES podría resultar en un gasto fiscal neto creciente que superaría los $200 mil millones anuales al décimo año. Esta proyección depende de supuestos difíciles de anticipar, como salarios futuros de los egresados y tasas de informalidad entre ellos. Además, se indica que los ahorros previstos por las autoridades provienen de medidas externas al FES —como eliminar becas o postergar la ampliación de gratuidad— y no del diseño mismo del sistema.
Bajo las normas contables actuales, estos desembolsos deben ser registrados como gasto directo en el balance estructural del país. Por otro lado, cerca del 40% de los egresados pagaría más por su carrera que su costo real; algunos incluso pagarían hasta 1.5 veces más. Este enfoque basado en ingresos futuros podría desincentivar a quienes proyectan mayores ingresos e incentivar a optar por caminos informales.
Recomendaciones para mejorar el sistema educativo
El equipo académico propone varias recomendaciones clave:
- Separar la discusión legislativa entre deuda educativa y diseño estructural del sistema.
- Revisar el modelo de aranceles regulados mediante análisis técnico independiente basado en costos reales.
- Alinear las contribuciones de los egresados con el costo efectivo de su formación.
- Mantener mecanismos que garanticen diversidad institucional y autonomía académica.
Aportación al debate legislativo sobre educación superior
Este estudio pretende ofrecer evidencia técnica valiosa al debate legislativo actual, enfocándose en una perspectiva a largo plazo que considere aspectos fundamentales como sostenibilidad fiscal, equidad, diversidad del sistema educativo y protección de la autonomía universitaria como pilares centrales para el financiamiento adecuado de la educación superior.
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