La decisión de varios juzgados de no computar la nota de Euskera y Literatura II a los alumnos recurrentes en la PAU vasca ha provocado la reacción de la Euskal Herriko Unibertsitatea. Más allá del recurso anunciado por la universidad pública, el caso abre un debate incómodo: hasta qué punto puede condicionarse el acceso universitario a una exigencia lingüística que no todos viven igual.
Los jueces frenan una anomalía
Los autos judiciales, según EHU, ordenan que esa calificación quede en suspenso para el cálculo de la nota de acceso, admisión, preinscripción, adjudicación de plazas y matrícula de quienes acudieron a los tribunales. La universidad sostiene que eso rompe el procedimiento ordinario y perjudica al resto. Sin embargo, la lectura contraria es evidente: los jueces evitan que unos estudiantes carguen con una desventaja discutible mientras se resuelve el fondo.
La universidad se escuda en la igualdad
La EHU afirma que reservar plazas o alterar la adjudicación vulneraría el principio de igualdad. Pero la igualdad no consiste en aplicar una regla mecánica cuando esa regla puede generar un trato desigual desde el origen. Si un alumno ve condicionado su futuro por una materia lingüística sin el mismo peso práctico, académico y profesional que el español, el problema no lo crean los tribunales: lo crea un sistema obsesionado con blindar el localismo.
El riesgo de mirar al mundo desde una ventana pequeña
El euskera forma parte del patrimonio cultural vasco y merece respeto. Otra cosa es convertirlo en frontera administrativa o académica frente al español, una lengua que permite comunicarse con millones de personas, estudiar, trabajar, investigar y proyectarse fuera del territorio. Hay cortedad mental en reducir el horizonte universitario a una lógica pueblerina, como si la identidad se defendiera estrechando oportunidades.
Una PAU atrapada en la política
El caso demuestra hasta qué punto la PAU ha dejado de ser una prueba académica para convertirse en batalla ideológica. Mientras la universidad habla de normativa, los estudiantes hablan de futuro. Y cuando un sistema de acceso necesita que los jueces intervengan para proteger a alumnos concretos, algo falla.
Más justicia y menos trinchera
La EHU recurrirá, pero haría mejor en escuchar la alarma. La universidad pública no debería ser una maquinaria de imposición lingüística, sino una puerta abierta al talento. Los jueces no atacan la igualdad: recuerdan que ninguna política identitaria puede pasar por encima del derecho de los estudiantes a competir con justicia.
Si (
No(
