Andalucía aprueba el anteproyecto de Ley de Universidades (LUPA) para fortalecer el sistema educativo público

El inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA) ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno. Este proyecto tiene como principales objetivos proteger el sistema público universitario, aumentar los derechos del estudiantado, fomentar la internacionalización y estabilizar la carrera académica. Asimismo, busca facilitar la transferencia de conocimiento entre la universidad y las empresas, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia en las instituciones académicas.

El texto legal deberá ser ahora sometido a información pública por parte del Gobierno andaluz, quien también solicitará los informes necesarios del Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y del Consejo Consultivo para obtener su aprobación como proyecto de ley. Posteriormente, este documento se trasladará al Parlamento de Andalucía, donde se llevará a cabo un debate sobre su aprobación. Este nuevo documento, que reemplazará al vigente desde 2013, ha sido acordado en colaboración con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales.

La norma propone, además, restringir los contratos de profesores sustitutos y convertir esos cuerpos en figuras estructurales. Esto tiene como objetivo principal eliminar la precarización laboral del personal universitario. En lo que respecta a la política de personal, el texto legal establece que Andalucía no se verá afectada por la limitación de 120 horas lectivas impuesta por la LOSU, en relación con los programas destinados a la captación y retención del talento.

En este apartado dedicado a la proyección internacional, se establece que es necesario contar con el nivel B2 en un idioma extranjero para poder obtener un título universitario oficial y para que el profesorado pueda acceder a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. Esta exigencia comenzará a aplicarse a partir de octubre de 2029. Además, se contempla la elaboración de una estrategia que no solo se enfocará en los aspectos de movilidad, sino que también abordará otros temas relacionados con la investigación y la atracción del talento. En este contexto, se señala a la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) como un elemento fundamental en esta línea de trabajo.

En relación con el estudiantado, la nueva norma establece, por primera vez, que los alumnos contarán con un derecho legal a un sistema de bonificación en los precios de la matrícula universitaria. Esto permitirá proteger la igualdad de oportunidades para acceder a la educación superior.
Además, otra de las innovaciones se refiere a que, en Andalucía, se asegurará por ley la movilidad internacional de los universitarios mediante programas de ayudas y becas al estudio ofrecidos por las instituciones académicas públicas y financiados por la Junta de Andalucía.

Con el objetivo de mejorar la retención del talento y proporcionar estabilidad en la carrera académica del profesorado, el anteproyecto presenta una serie de iniciativas. Entre ellas, se destaca la opción de que el personal docente e investigador colabore con otros actores del sistema del conocimiento, lo que contribuirá a aumentar la competitividad de las universidades en Andalucía. Además, se contempla la posibilidad de que este personal se adscriba a cualquier otra administración durante un periodo de seis meses para adquirir nuevos conocimientos o actualizar los existentes.

Asimismo, se introducen nuevas figuras profesionales en el ámbito docente para asegurar una mayor estabilidad y facilitar un inicio más temprano en la carrera académica. Un ejemplo de esto es el perfil del ayudante doctor, que había sido eliminado previamente por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), así como el ayudante doctor vinculado al sistema sanitario. Estos perfiles, junto con los programas posdoctorales de excelencia, garantizarán un relevo generacional de calidad que fortalecerá el sistema universitario.

En el marco de la ley, se establece también un modelo de financiación común que será aplicable a todas las universidades públicas. Este modelo se revisará cada cinco años y deberá contar con una estructura claramente definida en tres grandes bloques.

• El primer bloque se refiere a la financiación básica armonizada, cuyo objetivo es cubrir los costes esenciales del sistema público para ofrecer servicios académicos, realizar investigaciones y facilitar la transferencia de conocimiento. Este bloque incluye gastos relacionados con el personal, así como los de funcionamiento y mantenimiento.

• El segundo bloque está relacionado con la financiación basada en resultados, que se organiza mediante contratos-programa.

• Finalmente, el tercer bloque se centra en la financiación de nivelación. Este componente permitirá corregir posibles desviaciones que puedan surgir debido a la implementación de modelos anteriores, teniendo en cuenta las particularidades de cada institución académica.

El reconocimiento que establece la ley se extiende también a los remanentes, los cuales se refieren a las transferencias realizadas por la Junta de Andalucía a las universidades públicas que no han sido ejecutadas. Además, con el objetivo de proporcionar mayor seguridad y garantía al sistema, la LUPA incluye la opción de que estas instituciones cuenten con un interventor, quien será personal técnico encargado de la gestión y administración, debiendo ser funcionario de ese cuerpo específico.

Otro aspecto destacado en el anteproyecto es el fomento de la formación continua. Este impulso se traduce en el reconocimiento de títulos propios por parte de las universidades y en la creación de microcredenciales, herramientas que permitirán a los estudiantes mejorar sus competencias de forma flexible y adaptada a las demandas del mercado laboral.

La noticia en cifras

Respecto a los consejos sociales, se fortalecen sus roles en la captación de fondos. Además, se incluye una partida finalista en los presupuestos de la Junta de Andalucía, y se establecen requisitos más estrictos en cuanto a transparencia y objetividad en sus actividades. En lo que concierne a la coordinación, se establece el Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria, con el objetivo de ampliar la representación del actual Consejo Andaluz de Universidades. También se prevé la creación de un C Consejo Asesor de Estudiantes de las Universidades Públicas de Andalucía, así como un Observatorio de Datos.

La nueva ley universitaria establece mayores requisitos para la creación, el desarrollo y el funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía. Este enfoque busca fortalecer la calidad y la excelencia del sistema universitario en la región, así como garantizar la adecuada prestación de este servicio público. Entre las condiciones impuestas, se exigirá que los promotores y gestores de estas iniciativas cuenten con una trayectoria comprobada en el ámbito del servicio público de educación superior.

La futura legislación también sugiere que las entidades deben destinar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio, así como reservar un 5% para sus propios planes de investigación. Además, será indispensable demostrar la solvencia económico-financiera y asegurar que cuentan con las infraestructuras y el personal adecuado para el desarrollo de actividades universitarias. Por último, se establecerá la obligación de que estas instituciones cuenten con órganos de representación del estudiantado.

En otro contexto, la LUPA establece que, al desarrollar nuevos proyectos, ya sean públicos o privados, es esencial que las entidades involucradas aseguren la implementación gradual de mecanismos que favorezcan la integración de los egresados en el mercado laboral.
Asimismo, esta normativa estipula un plazo de cuatro años para que los promotores cuyos proyectos hayan sido rechazados puedan volver a presentar una solicitud.

La LUPA, junto con la Ley para el Avance de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación para Andalucía (ACTIVA), forman uno de los fundamentos más importantes de la reforma del sistema universitario andaluz que está llevando a cabo la Junta de Andalucía. Esta reforma, que representa un cambio significativo en los últimos treinta años, se completará en este nuevo curso.

Junto con la renovación normativa, se han implementado diversos cambios estructurales. Entre ellos destaca el nuevo modelo de financiación para el sistema público. Además, se ha aprobado un decreto que organiza las enseñanzas, lo cual ha llevado a la creación de una programación universitaria que se implementará a partir del curso 2025/2026. También se están llevando a cabo mejoras en las condiciones salariales y laborales de los docentes, investigadores y del personal técnico, administrativo y de servicios.