La presidenta de la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE), Eva Alcón, ha enviado una carta a la consejera de Universidades del Gobierno de Canarias, Migdalia Machín, expresando su preocupación por el borrador de la proposición de ley de consejos sociales que se está tramitando en el Parlamento regional. Esta asociación, que data de 1994 y actualmente representa a 77 universidades españolas, considera que la propuesta legislativa podría tener un impacto negativo significativo en la autonomía universitaria.
Alcón argumenta que el texto redefine las funciones legales de los consejos sociales, lo que podría “menoscabar gravemente la autonomía universitaria”. Según sus palabras, esta iniciativa “desnaturaliza” el papel del Consejo Social como un medio para que la sociedad participe y se represente en la universidad, convirtiéndolo casi en un órgano paralelo al Consejo de Gobierno universitario.
Preocupaciones sobre competencias y control interno
En su misiva, Alcón también ha compartido sus inquietudes con los rectores de las universidades públicas canarias: Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL). La presidenta señala ejemplos concretos donde se observa un exceso competencial, como la posibilidad otorgada a los consejos sociales para firmar acuerdos con entidades tanto públicas como privadas. Esto incluye colaboraciones enfocadas en programas de empleabilidad, formación dual y transferencia de conocimiento. Además, critica que el Consejo Social actúe como su propio órgano de contratación, dado que no es una administración pública independiente de la universidad.
Particularmente alarmante es lo estipulado en el artículo 14.3 del borrador, que establece que “la Intervención o unidad responsable del control interno económico-financiero dependerá del Consejo Social”. Eva Alcón recuerda que según el artículo 59.3 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), las universidades deben establecer un régimen de control interno autónomo y no subordinado a los órganos unipersonales. Por lo tanto, este tipo de control no puede ser ejercido por el Consejo Social.
Un llamado a la reflexión
La presidenta concluye señalando que estos son solo algunos ejemplos que evidencian cómo esta legislación podría perjudicar al sistema universitario y afectar directamente a su autonomía. Por ello, insta al Gobierno regional a reflexionar sobre estos aspectos y se ofrece a Migdalia Machín para cualquier aclaración adicional necesaria.
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