La violencia económica como forma de control ha sido el eje central de un reciente evento organizado por la Dra. Laura González-Guerrero, directora del Máster Universitario de Violencia de Género en la Universidad Europea de Madrid. Durante la conferencia, se discutieron las diversas manifestaciones de esta tipología de violencia que afecta a muchas mujeres en nuestra sociedad.
González-Guerrero subrayó que es esencial abordar este tema para entender cómo funciona y encontrar formas efectivas de desactivarlo. Según sus palabras, “la violencia económica de género es una forma de control y abuso que limita la autonomía y el bienestar de las mujeres”. Este enfoque se alinea con los objetivos del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado en febrero de 2025, que busca visibilizar y erradicar conductas que restringen la independencia económica femenina.
Nuevas medidas para combatir la violencia económica
El renovado Pacto tipifica la violencia económica como delito, implementando medidas preventivas y mecanismos para detectar a los agresores. La doctora Ana María González Marín destacó que este tipo de violencia puede manifestarse mediante el control del acceso al dinero, empleo y recursos básicos, afectando a miles de mujeres sin distinción de clase social o nivel educativo.
Por su parte, Inmaculada Domínguez Fabián, experta en Ciencias Económicas y líder del proyecto Ecovio, explicó que esta nueva tipología no estaba contemplada en la legislación hasta su inclusión en el Pacto. Esto ha impedido que las víctimas recibieran protección adecuada o pudieran denunciar estos abusos ante los juzgados.
Tácticas abusivas y su impacto
Domínguez Fabián también definió tres tácticas principales utilizadas por los agresores: el sabotaje laboral, donde se impide a las mujeres asistir a trabajos o entrevistas; el control económico, que limita el acceso a cuentas conjuntas; y la explotación económica, caracterizada por retrasos en pagos o falta de aportes económicos para gastos comunes.
El magistrado Ricardo Rodríguez Ruiz, quien participó en el evento, enfatizó la importancia del nuevo marco legal para abordar estas situaciones. Propuso incluir en el Código Penal un artículo específico sobre conductas que limitan la independencia económica femenina, así como agravar las penas por impago de pensiones considerando las circunstancias económicas de las víctimas.
Rodríguez Ruiz concluyó recordando que muchas mujeres enfrentan diariamente situaciones opresivas relacionadas con su economía. Estas incluyen desde el control constante sobre sus finanzas hasta restricciones injustificadas en decisiones patrimoniales. En definitiva, estas prácticas son una forma insidiosa de coartar su libertad y derechos fundamentales.
Si (
No(
