CIN rechaza ataques del gobierno a universidades argentinas

Las rectoras y rectores de las universidades públicas argentinas han expresado su enérgico rechazo a los ataques infundados dirigidos por el Presidente de la Nación y el Subsecretario de Políticas Universitarias hacia el sistema universitario del país. Esta declaración se produce en un contexto donde las autoridades académicas defienden su labor institucional frente a acusaciones que consideran injustas.

Las autoridades universitarias han manifestado que no permitirán ser acusadas de delincuentes simplemente por cumplir con sus responsabilidades. En este sentido, enfatizan que su deber es exigir el respeto a la ley, la Constitución y los derechos derivados de estas. La situación actual no se limita a un desacuerdo personal; se trata de un intento sistemático por desacreditar a quienes defienden una universidad pública, gratuita y federal.

Implicaciones para la democracia

Al sustituir el debate democrático por insultos y descalificaciones, se pone en riesgo no solo una política pública, sino también la calidad misma de la convivencia democrática. Las universidades rechazan cualquier intento de establecer como norma que reclamar el cumplimiento de leyes aprobadas sea considerado un acto delictivo. Por el contrario, sostienen que es una obligación ética y política hacerlo en una república.

A pesar de los intentos por silenciar sus voces mediante el miedo y la intimidación, las autoridades universitarias afirman que no cederán ante tales presiones. Defender la universidad pública no es un delito; lo verdaderamente delictivo es gobernar al margen de la ley y desprestigiar a quienes tienen opiniones diferentes o exigen derechos legítimos.

Asimismo, solicitan una pronta resolución por parte de la Corte Suprema de Justicia, ya que consideran esencial que se reafirme que nadie está por encima de la Constitución ni de las leyes, incluidos los funcionarios públicos y el propio Presidente. La universidad pública argentina se compromete a continuar defendiendo con firmeza el derecho a una educación superior accesible y al desarrollo científico y tecnológico dentro del marco democrático.

El futuro en juego

No solo está en discusión el presupuesto destinado a las universidades; lo que realmente está en juego es el tipo de país, democracia y sociedad que aspiran construir. Las autoridades educativas insisten en su compromiso con estos principios fundamentales mientras enfrentan desafíos significativos provenientes del entorno político actual.