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El Gobierno español exige a las universidades un mínimo de 4.500 alumnos para garantizar su viabilidad. Al menos dos universidades públicas y catorce privadas no cumplen esta norma. Tienen tres años para adaptarse, lo que podría provocar cierres o reestructuraciones, aunque el objetivo es fortalecer el sistema educativo.

La Junta de Andalucía ha solicitado al Gobierno central que respete las competencias autonómicas en la creación de universidades, criticando un nuevo decreto que considera inconstitucional y que vulnera la seguridad jurídica. El secretario general de Universidades, Ramón Herrera, argumenta que el decreto impone requisitos excesivos y limita la autonomía regional en decisiones educativas. Además, se han presentado alegaciones al borrador por considerarlo arbitrario y por no incluir a las agencias autonómicas en su regulación.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha anunciado el proceso de admisión para los ciclos formativos de Artes Plásticas y Diseño y las enseñanzas artísticas superiores de Diseño para el curso 2025-2026. Las solicitudes se podrán presentar del 8 de mayo al 9 de junio, con pruebas de acceso programadas entre el 17 y el 23 de junio. Se introducen nuevos ciclos formativos en Talavera de la Reina y Guadalajara, ampliando así la oferta educativa en esta área.

El Gobierno de Castilla-La Mancha destina 6,5 millones de euros para actualizar los precios del concierto social de plazas residenciales para personas mayores. Esta medida busca mantener la viabilidad del servicio ante el aumento de costos. La región cuenta con una red pública de 347 residencias, consolidándose como la segunda comunidad con mayor cobertura. Además, se promueve la construcción de nuevas residencias en áreas despobladas y se han incrementado las prestaciones del sistema de dependencia.

El Gobierno español ha aprobado un anteproyecto de ley para regular el uso ético y beneficioso de la Inteligencia Artificial (IA), alineándose con el reglamento europeo. Este marco legal busca promover la innovación mientras establece controles sobre sistemas de alto riesgo y prohíbe prácticas maliciosas, como la manipulación subliminal. Además, se creará un entorno controlado de pruebas para facilitar el desarrollo de tecnologías innovadoras antes de su comercialización.

El Gobierno ha aumentado la beca de residencia a 2.700 euros, beneficiando a más de 100.000 estudiantes, principalmente de zonas rurales, para el curso 2025-2026. Este incremento de 200 euros es parte de un presupuesto récord de 2.544 millones de euros destinado a becas, que busca mejorar las condiciones educativas y garantizar la igualdad de oportunidades. Además, se equiparan los estudiantes de enseñanzas artísticas superiores con universitarios y se flexibilizan requisitos para víctimas de violencia sexual.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha renovado su convenio con la Academia de Créteil, Francia, para fomentar la cooperación educativa. La directora general de Inclusión Educativa, Marian Marchante, destacó la importancia de intercambiar buenas prácticas y la formación del personal educativo. Se abordaron iniciativas como la Estrategia Regional de inclusión educativa y el proyecto piloto para identificar alumnado con altas capacidades, además de programas destinados a reducir el abandono escolar.

La Junta de Andalucía solicita al Gobierno central que financie completamente los campus universitarios de Ceuta y Melilla, cuyo coste anual asciende a 24,3 millones de euros. Actualmente, el Estado solo cubre el 51% de estos gastos, lo que ha llevado a la Junta a asumir un déficit significativo. Este apoyo es crucial para mantener la calidad educativa y responder a las necesidades específicas de estas sedes universitarias, esenciales para el desarrollo regional.

El Gobierno de España ha recibido el permiso de la Junta de Andalucía para iniciar la construcción del centro de investigación y fabricación de semiconductores de Imec en Málaga. Con una inversión total estimada en 615 millones de euros, el Gobierno aportará 500 millones, destacando su compromiso con la innovación tecnológica en Europa. Este proyecto busca posicionar a Málaga como un polo tecnológico clave y generar hasta 250 empleos directos en sus primeros años.

El Gobierno español ha aprobado una inversión de 19,1 millones de euros para contratar a 100 investigadores que trabajan en el extranjero, a través de las ayudas Beatriz Galindo. Esta iniciativa busca atraer talento nacional e internacional y está dividida en 40 contratos para personal sénior y 60 para junior. La ministra Diana Morant destaca que este programa refuerza el compromiso de España con la ciencia y la innovación.

Castilla-La Mancha resalta la colaboración de organizaciones e instituciones investigadoras regionales en un proyecto científico y tecnológico conjunto. Este enfoque se discutió en una dinámica sobre transferencia del conocimiento, organizada por el Gobierno regional y la Universidad de Castilla-La Mancha. La iniciativa busca fortalecer la cooperación para avanzar en el desarrollo tecnológico en la región.

El Gobierno de España ha aprobado la convocatoria de Formación de Profesorado Universitario 2024, con un presupuesto inicial de 123 millones de euros para financiar hasta 900 contratos predoctorales. Esta inversión representa un aumento del 72% respecto a 2018 y busca fomentar el talento joven en investigación. Además, se ha incrementado el sueldo mínimo de los doctorandos en un 48% y se simplificará el proceso de evaluación para acelerar futuras convocatorias.

El Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ha aprobado una Carta Abierta y un Comunicado en colaboración con todas las universidades públicas de Madrid, dirigidos a la presidenta de la Comunidad. Estos documentos abordan la situación de la financiación universitaria, destacando la importancia del apoyo gubernamental para garantizar la calidad educativa y el desarrollo académico en la región.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) se reestructura y pasará a depender de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, según el Real Decreto 1185/2024. Este cambio busca fortalecer la ciberseguridad en el contexto del despliegue de redes 5G y fomentar la colaboración entre los sectores público y privado. Además, se coordinarán las políticas para garantizar una transformación digital segura y resiliente.