Un estudio del Centro de Políticas Públicas UC ha revelado que la corrupción municipal no está determinada por la coyuntura política, como la reelección de alcaldes o la composición del concejo. En cambio, factores como el tamaño del municipio, sus recursos y la representación femenina en cargos clave son decisivos.
Las comunas rurales, caracterizadas por presupuestos limitados y escasa profesionalización, enfrentan un aumento alarmante en las faltas administrativas graves. Según el informe, esto se debe a que los controles son insuficientes.
Casos emblemáticos de corrupción municipal
El caso de Raúl Torrealba, quien gobernó Vitacura durante 25 años, es uno de los más notorios. Durante su gestión, diversas corporaciones que supuestamente ofrecían servicios a la comunidad fueron utilizadas para desviar $761 millones del presupuesto. Esta situación ha llevado a acusaciones de fraude al fisco y lavado de activos.
Por otro lado, Miguel Ángel Aguilera, alcalde de San Ramón entre 2012 y 2021, enfrenta cuestionamientos sobre un incremento inexplicable en su patrimonio personal de más de $268 millones. Las auditorías revelaron depósitos en efectivo y adquisiciones sospechosas durante su mandato.
El estudio registró 33.573 hallazgos sancionables en las auditorías de la Contraloría —irregularidades funcionarias— y detectó más de 70 mil licitaciones con baja competencia.
A pesar de que las municipalidades son vistas como las instituciones más corruptas en Chile, este fenómeno ha sido poco estudiado. El nuevo análisis busca contribuir a entender los procesos que alimentan esta problemática y propone mejoras en políticas públicas y fiscalización. “Las debilidades administrativas a nivel local son graves”, advierte el informe.
Hallazgos clave del estudio
Los investigadores Martín Ordóñez y Pablo Carvacho han documentado irregularidades significativas en las auditorías realizadas por la Contraloría. El estudio indica que la corrupción municipal está más relacionada con factores estructurales, como el tiempo en el cargo del alcalde o el volumen de recursos administrados, que con situaciones políticas específicas.
"No pretendemos explicar la corrupción, sino ofrecer un mapa para que las autoridades puedan identificarla", señala Ordóñez. Este enfoque permite utilizar datos públicos para comparar comunas sin estigmatizar ni crear rankings perjudiciales.
“No pretendemos explicar la corrupción, sino entregarle a las autoridades un mapa que indique dónde buscarla” - Martín Ordóñez
Licitaciones irregulares: una práctica común
En municipios grandes con recursos abundantes se observa una proliferación de licitaciones con baja competencia. El estudio identifica patrones como procesos con un único oferente o avisos publicados con menos de cuatro días de antelación en Mercado Público.
El estudio detecta tres señales recurrentes: procesos con un único oferente, avisos publicados menos de cuatro días en Mercado Público o la combinación de ambas.
A medida que aumenta la complejidad administrativa, también lo hacen las oportunidades para manipular los procesos. Sin embargo, cuando hay una mayor presencia de profesionales capacitados en alta dirección pública, disminuye la probabilidad de irregularidades.
La estrategia detrás de estas “licitaciones a medida” implica redactar términos tan específicos que solo una empresa pueda cumplirlos. Por ejemplo, al requerir cámaras con ángulos exactos entre 47° y 49°, se excluyen automáticamente todas las demás opciones disponibles.
Desafíos en comunas rurales
Las comunas rurales enfrentan desafíos distintos; allí se concentran faltas administrativas graves debido a presupuestos limitados y escasa representación femenina en posiciones decisionales. Estas condiciones crean un entorno propicio para prácticas corruptas debido a controles inadecuados y falta de profesionalización.
Mientras las comunas ricas concentran desvíos ligados a grandes contratos, el otro lado se encuentra en las comunas rurales donde las faltas funcionarias graves aumentan dramáticamente.
El informe concluye con recomendaciones urgentes para mejorar la transparencia y fortalecer los mecanismos administrativos en los municipios más vulnerables. Se requiere publicar bases y contratos en formatos accesibles y auditables; establecer convenios marco para evitar licitaciones manipuladas; implementar declaraciones obligatorias de intereses; y proporcionar capacitación adecuada a los funcionarios municipales.
La noticia en cifras
| Cifra |
Descripción |
| $761 millones |
Monto movido fuera del presupuesto regular por el alcalde Raúl Torrealba. |
| $268 millones |
Crecimiento del patrimonio personal del alcalde Miguel Ángel Aguilera. |
| 33,573 |
Hallazgos sancionables registrados en auditorías de la Contraloría. |
| 70,000 |
Licitaciones con baja competencia detectadas a partir de ChileCompra. |
Si (
No(
