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La Comisión Sectorial de Secretarías Generales del Grupo 9 de Universidades (G-9) ha llevado a cabo una nueva jornada de trabajo, centrada en el intercambio de experiencias y en la discusión de los retos organizativos que surgen con la implementación de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario (LOSU).
Este encuentro se realizó en Bilbao, en la Universidad del País Vasco, durante los días 29 y 30 de enero, y facilitó un enriquecedor intercambio de conocimientos entre las universidades que forman parte del grupo.
Análisis de los nuevos estatutos universitarios
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Durante la reunión, el enfoque inicial se dirigió hacia el proceso de elaboración y adaptación de los nuevos estatutos universitarios conforme a la LOSU. Los representantes discutieron sobre los diversos calendarios, metodologías y desafíos jurídicos y participativos que han encontrado en sus respectivas instituciones. Este análisis permitió identificar soluciones comunes y lecciones aprendidas para optimizar este proceso.
Un aspecto central del encuentro fue el estudio de la estructura y el personal de las Secretarías Generales y Asesorías Jurídicas dentro del G-9. Se examinaron diferentes modelos organizativos, así como las fórmulas de coordinación entre servicios. Se destacó una tendencia hacia una mayor especialización de los equipos y la necesidad urgente de fortalecer estos servicios ante la creciente complejidad normativa y la judicialización en ciertos ámbitos de la gestión universitaria.
Buenas prácticas e innovación en las universidades públicas
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Además, se llevó a cabo una sesión dedicada a compartir buenas prácticas relacionadas con el Servicio de Inspección y soluciones organizativas innovadoras en el contexto de las universidades públicas. En esta parte del encuentro se presentaron casos específicos sobre reestructuración de servicios y se analizaron las diferencias con otras instituciones públicas.
Uno de los puntos más relevantes fue el examen de los aspectos legales y procedimentales relacionados con sanciones por fraude en pruebas evaluativas. Se subrayó la importancia del rigor probatorio, el derecho a la defensa y la necesidad imperiosa de contar con reglamentos sancionadores claros y actualizados para garantizar seguridad jurídica durante todo el proceso.
Intercambio enriquecedor entre universidades
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La Comisión Sectorial ha resaltado que “este intercambio entre pares resulta altamente enriquecedor ya que permite no solo aprender de las experiencias ajenas, sino también consolidar criterios comunes más sólidos frente a retos compartidos, fortaleciendo así la gobernanza y estabilidad del sistema del G-9".
El Grupo 9 de Universidades (G-9), establecido en 1997, agrupa a las universidades públicas que son únicas en sus respectivas comunidades autónomas: Universidad de Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha, Universidad de Extremadura, Universitat de les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Universidad Pública de Navarra y Universidad de Zaragoza. También colabora con la Universidad de Murcia como entidad asociada.