Patricia del Pozo y Francisco Oliva firman un protocolo para prevenir incendios y daños en el patrimonio cultural de Andalucía. La colaboración, de cuatro años, incluye planes de salvaguarda, simulacros y proyectos de investigación. Se enfocará en mitigar el impacto de desastres naturales en museos y conjuntos culturales.
Un protocolo ha sido firmado por Patricia del Pozo, la consejera de Cultura y Deporte, y Francisco Oliva, el rector de la Universidad Pablo de Olavide, con el objetivo de implementar acciones que prevengan incendios y daños en los museos y conjuntos culturales de Andalucía.
Esta colaboración, que tendrá una duración de cuatro años, fortalecerá las actividades que ambas instituciones ya están llevando a cabo para proteger el patrimonio histórico. Entre estas iniciativas se incluyen la creación de nuevos planes de salvaguarda, la realización de simulacros y el fomento de proyectos de I+D+i relacionados con esta temática.
La conservación del vasto patrimonio de Andalucía depende en gran medida de contar con protocolos de actuación y herramientas adecuadas para prevenir daños. Esta región alberga una cantidad significativa de bienes protegidos, muchos de los cuales poseen la máxima catalogación como Bienes de Interés Cultural. Además, cuenta con ocho conjuntos arqueológicos y monumentales que están inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Se prestará especial atención al impacto de los fenómenos meteorológicos a través de las nuevas líneas de actuación, así como a la manera de reducir los daños ocasionados por inundaciones, terremotos, incendios y otros eventos catastróficos. La finalidad es mitigar el deterioro en situaciones de emergencia, evitando así la pérdida total o parcial de los elementos protegidos, lo que resulta en un costoso daño económico y un considerable impacto social.
La colaboración con Pablo de Olavide facilitará el aprovechamiento de sinergias y el avance en los proyectos destinados a la investigación y difusión relacionados con la conservación del patrimonio después de incendios o desastres naturales, los cuales ya están en progreso. Esta institución académica cuenta con una amplia trayectoria en este ámbito y ha creado un software especializado para la recuperación de obras patrimoniales.
La herramienta informática, que también ha contado con la participación del Institut Valencià de Conservació, Restauració i Investigació (IVCR+i) y Mission Track, permite en todo momento identificar cada uno de los elementos que requieren conservación, así como determinar qué equipo debe intervenir. Además, proporciona trazabilidad sobre el restaurador que ha trasladado las obras de un lugar a otro y registra las decisiones tomadas por el equipo tras la emergencia.
El Conjunto Arqueológico de los Dólmenes de Antequera (Málaga) servirá como la base para la elaboración de este protocolo. Asimismo, se establecerá una comisión de seguimiento que se encargará de coordinar los trabajos futuros que se realicen en conjunto y supervisar las acciones propuestas. La duración inicial de este protocolo será de cuatro años, con la posibilidad de ser extendido por un período adicional de cuatro años.
En este contexto, durante los últimos tres años, se ha contado con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte en diversas iniciativas, a través del asesoramiento y la participación en múltiples actividades. Con el nuevo protocolo que se acaba de firmar, se busca reafirmar el compromiso mediante la provisión de documentación, espacios y recursos humanos para la elaboración de planes de prevención en museos y conjuntos culturales, así como para llevar a cabo simulacros.
Además, esta entidad apoyará la difusión de los resultados obtenidos en los proyectos a través de congresos tanto nacionales como internacionales, así como en revistas de impacto. También colaborará en las acciones de formación y difusión que se propongan.
En cuanto a la Universidad Pablo de Olavide, esta se encargará de identificar las áreas relevantes para desarrollar los planes de prevención, así como los simulacros. Además, evaluará las capacidades de su software en relación con el análisis de riesgos y la respuesta ante emergencias.
Asimismo, la institución académica llevará a cabo talleres de trabajo interdisciplinario y proporcionará asesoría al personal técnico de la administración para que puedan actuar adecuadamente en situaciones de riesgo o catástrofes.
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