A 30 años de la Ley de Educación Superior, el Congreso de la Nación sancionó el 20 de julio de 1995 la ley 24.521, que fue promulgada y reglamentada en los meses siguientes. Esta legislación marcó un avance significativo en diversas problemáticas del ámbito universitario.
Según Pablo Buchbinder, coordinador del Programa de Historia y Memoria de la Universidad de Buenos Aires, la ley “interviene y regula sobre una muy amplia serie de temas del sistema universitario que había crecido sobre todo en número de estudiantes desde diciembre de 1983, es decir, desde el inicio de la transición democrática”.
Buchbinder agrega que “las políticas universitarias desarrolladas desde aquellos años promovieron la gratuidad en contraposición a lo establecido por la dictadura, que implementó un sistema de arancelamiento y un ingreso restringido a través de exámenes y cupos”.
Contexto Nacional e Internacional
Durante los años 90, el contexto mundial estuvo marcado por la globalización y políticas neoliberales tras la caída del muro de Berlín. Buchbinder sostiene que “en Argentina, los ajustes estructurales llevaron a diversos procesos de privatización, en este marco se redacta el proyecto de Ley”.
El investigador destaca que “el Gobierno Nacional consideraba que había una excesiva cantidad de estudiantes en comparación con los graduados, además se empezaba a ver a la educación superior como un servicio y no como un derecho”.
Pablo Buchbinder también menciona el interés creciente de organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial en las políticas educativas. Estos organismos otorgaron créditos significativos para reformas en el ámbito estatal y educativo.
Puntos Clave y Cuestionamientos
La Ley de Educación Superior fue objeto de cuestionamientos, pero uno de sus aspectos más relevantes fue el reconocimiento formal de la autonomía universitaria. Esto implica que las universidades pueden dictar sus propios estatutos y elegir a sus autoridades.
Buchbinder explica que “los cuestionamientos surgieron tanto en el debate parlamentario como entre actores del sistema universitario: rectores, gremios docentes y estudiantes. Uno de los puntos criticados fue la falta de espacio para un debate previo donde se escucharan todas las posturas”.
En cuanto al arancelamiento, esta ley permitía a las universidades imponer tarifas para estudios de grado. Otro tema debatido fue la creación de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU), considerada por muchos como un organismo que limitaría la autonomía universitaria.
Modificaciones Posteriores y Reflexiones Finales
A pesar del paso del tiempo, la Ley 24.521 sigue vigente aunque ha sido modificada, siendo las más significativas realizadas en 2015 bajo iniciativa de Adriana Puiggrós. Estas modificaciones incluyeron la prohibición para las universidades de establecer aranceles para estudios de grado.
Diferentes administraciones han manifestado su intención de proponer una nueva ley. Buchbinder concluye señalando la necesidad urgente de reflexionar sobre por qué algunas imposiciones aún permanecen vigentes dentro del sistema universitario actual.
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