La EPPO incauta 486.000 euros en Italia por fraude en subvenciones y blanqueo de capitales

La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), con sede en Venecia, ha solicitado a la Guardia di Finanza de Treviso que realice una serie de registros y confiscaciones de activos valorados en hasta €486,000. Esta acción está vinculada a una investigación sobre presuntos fraudes en subsidios, malversación de fondos públicos y blanqueo de capitales.

Las indagaciones revelan que dos empresas solicitaban financiación del Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) de la Unión Europea, destinado a facilitar su transición digital. Sin embargo, se sospecha que presentaron documentación falsa y declaraciones engañosas sobre la existencia de sedes operativas en el sur de Italia, así como sobre su solidez financiera y su intención de llevar a cabo los proyectos financiados, los cuales nunca se iniciaron.

Investigaciones adicionales y conexiones fraudulentas

A medida que avanzaban las investigaciones, se identificaron dos empresas más y seis individuos estrechamente relacionados con las mencionadas anteriormente, quienes también estarían implicados en actividades fraudulentas similares. Se cree que estos sospechosos lograron obtener ilegalmente €486,000 en fondos del RRF, desviando los recursos destinados para otros fines y blanqueando un total de €183,000 al saldar deudas con otras entidades vinculadas a la asociación criminal.

La Guardia di Finanza llevó a cabo las confiscaciones tanto de activos financieros como de bienes inmuebles pertenecientes a los sospechosos y sus empresas por un valor total cercano a €486,000. Las operaciones se realizaron en diversas provincias italianas, incluyendo Bari, Barletta-Andria-Trani, Brescia, Treviso y Venecia.

Presunción de inocencia y función del EPPO

Todas las personas implicadas en este caso son consideradas inocentes hasta que se demuestre lo contrario ante los tribunales competentes italianos. La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO), organismo autónomo dentro de la Unión Europea, tiene como misión investigar y procesar delitos que afecten los intereses financieros del bloque comunitario.