La Fiscalía Europea (EPPO) ha llevado a cabo una serie de registros en Italia, como parte de una investigación sobre un presunto fraude relacionado con los fondos del Fondo de Recuperación y Resiliencia (RRF) de la Unión Europea. Este operativo, solicitado por la EPPO desde su sede en Turín, fue ejecutado por la Guardia di Finanza de Biella el pasado 17 de julio.
La pesquisa se centra en un grupo criminal organizado que supuestamente ha defraudado presupuestos públicos mediante la obtención fraudulenta de fondos del RRF y la reclamación de créditos fiscales por trabajos ficticios de eficiencia energética. Según las investigaciones, los implicados, que incluyen asesores fiscales y centros de servicios contables operando en toda Italia, habrían creado empresas a nombre de terceros y falsificado sus cuentas para acceder a financiamiento público e incentivos fiscales.
Investigación y Consecuencias Legales
Cincuenta y cinco personas y dieciséis empresas están bajo investigación por su posible participación en esta organización criminal, así como por fraude agravado contra el Estado italiano, contabilidad fraudulenta y fraude fiscal. Un juez del Tribunal de Bologna ha ordenado la incautación de 3.3 millones de euros, que corresponden a lo que se sospecha son los beneficios obtenidos a través de estas actividades ilícitas.
Durante los registros realizados, se ejecutaron dieciocho órdenes en diversas provincias italianas, incluyendo Arezzo, Empoli, Fermo, Florencia, Bologna, Pesaro, Perugia, Prato, Roma, Turín, Verona y Vicenza. Se aseguraron pruebas relevantes como documentos fiscales y contratos. Además, se congelaron fondos en cuentas bancarias italianas pertenecientes a cuatro sospechosos por un total que asciende a 3.385.986 euros. En caso de que estos fondos no sean suficientes para cubrir el monto requerido, se procederá a la incautación de otros activos como bienes raíces y vehículos.
Presunción de Inocencia y Rol del EPPO
Todas las personas involucradas en este caso son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes en Italia. La Fiscalía Europea actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea encargada de investigar y perseguir delitos que afecten los intereses financieros del bloque comunitario.
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