La Oficina del Fiscal Público Europeo (EPPO) ha llevado a cabo una operación significativa en Italia, desmantelando una de las fábricas de producción de cigarrillos ilegales más grandes de Europa. Esta acción se realizó a solicitud de la EPPO en Palermo y fue ejecutada por la Guardia di Finanza de esa misma ciudad.
Ubicada en Stornara, en la provincia de Foggia, la fábrica tenía capacidad para producir hasta 2 millones de cigarrillos al día, con un valor estimado del sitio que supera los 1,3 millones de euros. Las investigaciones se centraron en las regiones de Apulia y Sicilia, donde se buscaba desarticular la red logística detrás de esta actividad ilícita.
Operativo y hallazgos significativos
Durante las búsquedas realizadas el pasado 22 de julio, los agentes encontraron un total de 45 palets de cigarrillos que pesaban alrededor de 13 toneladas, además de 165 bolsas de tabaco picado y 134 palets con materiales precursores. Entre estos últimos se hallaron envases que portaban logotipos falsificados de marcas reconocidas.
En el interior del complejo industrial, que abarca unos 3,000 m², se encontraron diez individuos de nacionalidad búlgara y ucraniana viviendo en condiciones precarias. Estos sujetos son sospechosos de estar involucrados en la producción ilegal y posesión de productos de tabaco contrabandeados, así como en la falsificación de marcas comerciales.
Impacto económico y seguimiento legal
Los materiales adicionales utilizados para la producción vinculados a esta misma red criminal fueron confiscados en otro sitio ubicado en Andria. Este descubrimiento es el resultado de meses de trabajo investigativo que comenzó tras la incautación de cigarrillos contrabandeados en Palermo. Gracias a una vigilancia exhaustiva, los investigadores lograron rastrear la cadena de suministro e identificar los sitios productivos, a pesar de las sofisticadas medidas empleadas por los sospechosos para evadir la detección.
Si los productos confiscados hubieran llegado al mercado, se estima que el fraude fiscal habría causado pérdidas superiores a 3,2 millones de euros tanto para el presupuesto nacional como para el europeo. La fábrica ilegal tenía el potencial para generar beneficios ilícitos cercanos a los 350,000 euros diarios; esto equivale a más de 120 millones anuales, con un daño estimado a las finanzas públicas cercano a los 80 millones.
Todas las personas implicadas son consideradas inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes italianos.
La EPPO actúa como una oficina pública independiente dentro de la Unión Europea, encargándose de investigar y procesar delitos que atentan contra los intereses financieros del bloque comunitario.
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