Minería ilegal genera más de 8 mil millones y exige políticas diferenciadas

La minería ilegal se ha consolidado como la actividad delictiva más lucrativa en el período comprendido entre 2013 y 2023, generando ingresos que alcanzan los US$ 8,216 millones, según un informe de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. Esta situación no solo afecta el ámbito económico, sino que también tiene repercusiones sociales y políticas. Con el objetivo de fomentar un diálogo informado y multidimensional sobre esta problemática, el pasado 21 de agosto se llevó a cabo en el campus de la universidad la segunda sesión del seminario titulado “Economías ilegales: estado de urgencia”, centrado en “Minería: territorio, ley y gobernabilidad”.

El evento contó con la presencia del rector de la universidad, Dr. Julio del Valle, y la decana de la Facultad de Ciencias Sociales, Dra. Fanni Muñoz, quienes ofrecieron palabras de bienvenida. Del Valle enfatizó la necesidad urgente de abordar esta problemática desde la academia debido a sus efectos adversos, tales como la deforestación, contaminación de ríos y suelos, trata de personas y explotación laboral.

“Desde nuestra institución tenemos el deber de aportar una perspectiva interdisciplinaria que combine conocimiento riguroso con un compromiso social. No buscamos imponer soluciones, sino generar propuestas basadas en evidencia que contribuyan a construir un país más justo y seguro. Durante mucho tiempo, las políticas públicas han subestimado la magnitud del avance de la minería ilegal. Ahora es evidente que necesitamos respuestas colectivas e integrales”, afirmó el rector.

Estrategias Diversificadas para Enfrentar la Minería Ilegal

En este contexto, la decana Fanni Muñoz destacó: “En nuestra facultad aspiramos a formar estudiantes y ciudadanos críticos que reflexionen sobre el tipo de desarrollo que deseamos para nuestro país. Por ello, asumimos el compromiso de generar espacios para debatir y comprender un problema que socava tanto la institucionalidad del Estado como el futuro democrático del Perú”.

Para abordar adecuadamente esta problemática, el seminario incluyó dos mesas redondas con expertos académicos y actores clave del sector minero. Participaron docentes del Departamento de Ciencias Sociales como Dra. Zaraí Toledo y Dra. Maritza Paredes; así como Mag. Angela Grossheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Dante Vera, director fundador de V&C Analistas; y Dr. José de Echave, investigador en CooperAcción.

Los especialistas coincidieron en que es crucial diferenciar entre minería informal, artesanal e ilegal. Afirmaron que el Estado debe implementar estrategias específicas para cada una debido a sus particularidades. Además, señalaron cómo las organizaciones criminales buscan controlar toda la cadena productiva minera.

Ajustes Necesarios en Políticas Públicas Mineras

A lo largo del seminario se subrayó también la importancia de actualizar las leyes relacionadas con la minería para adaptarlas al contexto actual. Se hizo hincapié en que es esencial contar con un presupuesto adecuado para su implementación efectiva y mejorar el sistema fiscalizador del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Los expertos manifestaron su apoyo a una próxima Ley MAPE destinada a regular la minería informal y a pequeña escala; sin embargo, advirtieron que esta no será suficiente si no se generan alternativas productivas competitivas en las zonas rurales.

"El marco institucional actual sobre minería tiene más de 30 años y ha sido insuficiente para responder a los conflictos sociales actuales", dijo Dr. José de Echave. "Las cuatro principales empresas representan aproximadamente el 30% de la producción aurífera actual; hace dos décadas era alrededor del 80%. Es vital desarrollar políticas públicas que respondan a esta nueva realidad".

A su vez, Grossheim destacó: "La estrategia nacional aprobada por el Gobierno para combatir la minería ilegal carece del presupuesto necesario para su ejecución efectiva". La falta de recursos asignados limita seriamente los esfuerzos por abordar esta crisis.

"Desde que se implementó Reinfo se han inscrito más de 80,000 mineros; sin embargo, menos del 10% ha completado el proceso debido a fallas en fiscalización", indicó Dra. Maritza Paredes. "Es fundamental cuestionar si realmente existe voluntad política para resolver este problema".

La noticia en cifras