Gobierno colombiano refuerza vigilancia del Programa de Alimentación Escolar

El Gobierno Nacional, bajo el liderazgo del Presidente Gustavo Petro Urrego, reafirma su compromiso indeclinable por la protección de la niñez colombiana, con el propósito de avanzar en la superación del hambre y el cierre de brechas en el acceso a la educación digna y con garantías.

En esta dirección, el Programa de Alimentación Escolar (PAE), reconocido como un programa social de lucha contra el hambre en el ámbito educativo, se ha consolidado como una de las prioridades presupuestales del Gobierno del Cambio. Su fortalecimiento responde a la necesidad de garantizar el derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, y de promover condiciones que favorezcan su permanencia y éxito escolar.

Aumento significativo en los recursos del PAE

Entre 2022 y 2025, el Gobierno ha incrementado de manera sostenida los recursos destinados al Programa de Alimentación Escolar (PAE), con un enfoque claro en ampliar su cobertura y mejorar la calidad del servicio en los territorios. Los recursos de inversión del Presupuesto General de la Nación (PGN), canalizados a través de la Unidad de Alimentos para Aprender (UApA), pasaron de 1,26 billones de pesos en 2022 a 2,13 billones en 2025, lo que representa un aumento del 68%. En el 2026 se destinarán 2,9 billones de pesos para la implementación del PAE en el país.

Es importante recordar que la cofinanciación del Programa de Alimentación Escolar se estructura como un sistema de concurrencia entre los distintos niveles de gobierno, conforme a los principios establecidos. Para garantizar el funcionamiento del programa, esta inversión se suma a los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), recursos de regalías y aportes propios de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC).

Desafíos persistentes en la implementación

A pesar del esfuerzo fiscal sin precedentes del Gobierno Nacional, persisten preocupaciones sobre la capacidad de las Entidades Territoriales Certificadas (ETC) para garantizar su implementación efectiva. Algunas decisiones adoptadas por estas entidades han impactado negativamente el desarrollo del programa:

• Los aportes propios de cofinanciación por parte de algunas ETC han registrado una tendencia decreciente, desde 2021, comprometiendo así la sostenibilidad financiera del PAE.
• Se evidencian deficiencias en los procesos de planeación, resultando en niveles estancados o decrecientes en cobertura.
• Las decisiones sobre contratación no responden adecuadamente a criterios definidos por la UApA, limitando el uso eficiente de los recursos asignados al PAE.
• Persisten debilidades en la definición de costos asociados al servicio, afectando la capacidad para ampliar cobertura o extender días atención durante el año escolar.
• Los procesos contractuales que no promueven la articulación con la economía local desconocen las dinámicas socioculturales, aumentando costos logísticos y limitando competencia.

Compromiso gubernamental ante las dificultades

Estas decisiones han generado condiciones riesgosas para la continuidad del servicio alimentario escolar. A pesar del esfuerzo presupuestal sin precedentes, no se ha logrado una cobertura proporcional; en 82 Entidades Territoriales se presenta una disminución que afecta a más de 500.000 estudiantes.

Ejemplos claros indican que con una inversión total cercana a los 3,3 billones de pesos en 2022, la cobertura promedio nacional fue solo del 72,6%. Para 2024, aunque se invirtieron más de 5,2 billones, apenas se alcanzó un promedio del 76,14%.

Frente a esta situación crítica, el Gobierno Nacional ha decidido:

1. Delegar a la Unidad Administrativa Especial – Alimentos para Aprender – UApA, la Inspección y Vigilancia sobre los recursos asignados al PAE.
2. Exigir a las ETC cumplir estrictamente con lo establecido por ley respecto al incremento anual real en sus aportes propios.
3. Poner en marcha medidas coordinadas con entes controladores ante irregularidades en gestión.
4. Implementar mecanismos para fortalecer participación ciudadana y control social sobre el PAE.