U. de Chile y Déficit Cero proponen modernizar la política de vivienda

En un contexto de estrechez fiscal y un persistente déficit habitacional, la Facultad de Economía y Negocios (FEN) de la Universidad de Chile junto a la fundación Déficit Cero, han presentado un informe que propone una actualización del modelo financiero en la política de vivienda. Este documento sugiere incorporar innovación regulatoria, colaboración público-privada y sostenibilidad fiscal para ampliar la oferta de soluciones habitacionales.

El diagnóstico es contundente: el modelo actual, centrado en subsidios a la demanda, ha demostrado ser cada vez más costoso y limitado en su alcance. En 1990, el Estado aportaba un promedio de 172 UF por familia; hoy, esa cifra ha superado las 1.200 UF, lo que representa un aumento de 6,5 veces, mientras que los ingresos solo se multiplicaron 1,7 veces. Esta situación hace inviable cubrir el déficit utilizando las mismas herramientas, empujando el esfuerzo fiscal hacia niveles cercanos al 7% del PIB.

“Una de las conclusiones del estudio es que el déficit es tan grande que no puede resolverse con una única vía, como los subsidios. Es necesario combinar subsidio, ahorro y crédito sin que el Estado asuma una carga insostenible”, afirmó Jorge Valverde, académico de la FEN U. de Chile.

Nuevas estrategias para abordar el déficit habitacional

Alejandro Micco, exsubsecretario de Hacienda y académico en la misma facultad, enfatizó la importancia de la interacción entre empresas, academia y técnicos para encontrar soluciones efectivas. “Lo que hemos hecho en el pasado fue útil, pero necesitamos generar nuevas ideas para avanzar en este enorme desafío del déficit habitacional”, agregó.

Para desbloquear la oferta habitacional, el informe propone tres estrategias complementarias. La primera consiste en establecer nuevos modelos público-privados que atraigan inversión hacia viviendas asequibles mediante reglas claras y mitigación de riesgos. Esto incluye edificios “multifamily” de interés social, esquemas de concesión con aporte estatal de suelo y arriendos con promesa de compra que acumulen parte del pago como pie.

La segunda estrategia busca modernizar el sistema financiero para abaratar y diversificar el crédito habitacional a través de ajustes regulatorios, mayor competencia hipotecaria y vehículos mixtos que involucren AFPs, aseguradoras y fondos de inversión.

Rediseño gradual y sostenible del sistema habitacional

La tercera propuesta implica un rediseño gradual de los subsidios, reemplazando gastos directos por garantías, créditos blandos y cofinanciamiento; además, se actualizarán los estándares de vivienda priorizando proyectos integrados con transporte y servicios.

“Esta batería interesante de elementos debería permitir movilizar más recursos y reducir el costo del crédito, logrando así llegar a más familias con los mismos recursos”, añadió Valverde. Desde Déficit Cero, su gerente de desarrollo, Andrés Vargas, subrayó que “el desafío radica en construir más mediante un sistema sostenible que integre herramientas del mercado a la política pública para atraer inversión, reducir costos y escalar soluciones”.

Durante la presentación del informe participaron representantes económicos vinculados a las candidaturas de Jeannette Jara (Ximena Bórquez), José Antonio Kast (Tomás Bunster) y Evelyn Matthei (Gonzalo Sanhueza). Todos coincidieron en varios diagnósticos y propuestas elaboradas por la mesa técnica, valorando el documento como un recurso valioso para sus equipos.

Alineación hacia una política pública eficiente

Daniel Mas, presidente de Déficit Cero, destacó que “ha sido un gran logro contar con el respaldo de la FEN hacia nuestra organización en pos del objetivo ambicioso de alcanzar un déficit cero en vivienda en los próximos años”, enfatizando que esta conversación apenas comienza.

El informe —impulsado desde la FEN U. de Chile y Déficit Cero— se presenta como un insumo técnico crucial para el ciclo político 2026–2030. Su propuesta central es consolidar una alianza público-privada que combine eficiencia fiscal con certeza regulatoria y garantía social para garantizar el acceso a vivienda digna.

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