La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía ha emitido un comunicado en respuesta a las declaraciones del presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva. Según la Junta, el proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) se ajusta plenamente a la Constitución, a la normativa estatal y al principio de autonomía universitaria, tal como han corroborado tanto el Gabinete Jurídico de la Junta como el Consejo Consultivo de Andalucía.
El informe favorable del Consejo Andaluz de Universidades ha permitido que la norma avance en su tramitación ordinaria. La Junta ha incorporado mejoras técnicas sugeridas por órganos independientes como el Consejo Consultivo, el Consejo de Transparencia y la Agencia de la Competencia. Sin embargo, el contenido esencial del anteproyecto permanece inalterado, salvo por estas optimizaciones.
La Consejería ha expresado su agradecimiento por las contribuciones realizadas por los agentes sociales durante las comparecencias en el Parlamento y subraya que el propio Consejo Consultivo concluye que la LUPA no infringe en ningún momento la autonomía universitaria.
Aclaraciones sobre la Relación de Puestos de Trabajo y otros aspectos clave
En relación con la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), esta exigencia no es nueva; se trata de una obligación establecida en el artículo 46.2.e de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) estatal. Este precepto ya formaba parte del borrador que fue respaldado y votado favorablemente por los rectores en el Consejo Andaluz de Universidades celebrado en octubre de 2024.
Asimismo, respecto a la regulación del tamaño máximo de los órganos colegiados, se mantiene sin cambios respecto al texto apoyado por los rectores, y el Consejo Consultivo ha señalado que corresponde a la Comunidad Autónoma establecer estos criterios.
Por otro lado, se está revisando el uso de figuras docentes sustitutas para evitar abusos y prevenir que esta categoría se convierta en estructural. Actualmente, cerca del 20% del profesorado en las universidades públicas andaluzas es sustituto. Para abordar esta situación, se propone crear una figura denominada Ayudante, que contará con condiciones laborales y académicas adecuadas.
Nuevas medidas para garantizar transparencia en la gestión económica
La LUPA introduce un interventor en las universidades con el objetivo de asegurar una gestión económica transparente y conforme a la legalidad, similar a lo que ocurre en todas las Administraciones Públicas. Esta fiscalización rigurosa es fundamental para prevenir episodios como los problemas económicos experimentados anteriormente en instituciones como la Universidad de Málaga.
En respuesta a las críticas formuladas por Oliva sobre los consejos sociales, desde la Junta se aclara que la ley respeta las competencias actuales de estos consejos sin otorgarles nuevas funciones fuera del marco establecido por la LOSU. Además, se reitera que las universidades privadas no recibirán fondos públicos para becas; más bien, deberán financiar estas ayudas con sus propios recursos.
Respecto a cuestiones financieras, la Consejería lamenta las afirmaciones del presidente de AUPA sobre que la LUPA generaría mayores costos para las universidades. De acuerdo con el estudio económico adjunto a esta norma, no hay incremento significativo previsto. Asimismo, se solicita a los rectores andaluces que presionen al Ministerio de Ciencia para obtener financiación adecuada para implementar la LOSU, cuya necesidad ha sido cifrada en más de 3.000 millones de euros.
Compromiso con un futuro sólido para las universidades andaluzas
La Consejería reafirma su compromiso hacia una normativa sólida y moderna capaz de impulsar el sistema universitario andaluz. Se enfatiza el respeto absoluto hacia la autonomía universitaria mientras se refuerzan aspectos esenciales como calidad, transparencia y equidad. La Junta continuará trabajando con diálogo pero también con firmeza para defender los intereses generales y garantizar un modelo robusto para las universidades públicas en Andalucía.
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