Las universidades públicas andaluzas han alzado la voz para exigir a la Junta de Andalucía el cumplimiento de sus obligaciones y compromisos en materia de financiación. En los dos años desde la implementación del nuevo modelo de financiación, no se ha respetado lo establecido en la cláusula de salvaguarda, que asegura el 100% de la financiación recibida el año anterior, además de un incremento correspondiente a las subidas salariales del personal del sector público. Este año, se adeuda un 0,5% de la subida salarial prevista para 2024 y persiste la falta de actualización del Capítulo II, tal como exige el modelo.
En el segundo reparto de 2025, más de 37 millones destinados al pago de retribuciones se han transferido como proyectos estratégicos, pero estos no son consolidables. Esto contradice lo estipulado por el modelo, que establece que el pago de retribuciones debe ser siempre consolidable para ejercicios futuros.
Incumplimientos y agravantes en la financiación
La situación se complica aún más debido a la negativa recurrente de la Administración autonómica a abonar las cantidades necesarias para implementar los acuerdos firmados en Sevilla y Jaén por parte del Consejero de Universidad, Investigación e Innovación y el presidente de la Junta. Estos acuerdos buscan crear nuevos complementos retributivos para reconocer adecuadamente el trabajo del profesorado y del personal técnico y administrativo. Sin embargo, el Gobierno andaluz ha transferido una cantidad claramente insuficiente para cubrir estos complementos, sin tener en cuenta los altos costes asociados a las cotizaciones sociales.
Además, se critica una gestión ineficaz respecto a los recursos públicos, evidenciada por la autorización tardía del gasto proveniente de remanentes no afectados. Esta autorización llegó casi al cierre del ejercicio fiscal en diciembre para 2024 y aún no se ha recibido para finalizar 2025. Tal demora dificulta gravemente el uso efectivo de dichos remanentes y limita su capacidad como plan plurianual para infraestructuras.
Reivindicación por una financiación justa
Las universidades también demandan un refuerzo en la partida destinada a nivelación dentro del modelo de financiación. Aunque su activación es valorada positivamente, su dotación económica resulta insuficiente. Esta partida fue diseñada específicamente para corregir desigualdades históricas entre las universidades públicas andaluzas. Su carácter no consolidado y escasa cuantía limitan su efectividad; por ello, exigen que la Junta garantice su consolidación con criterios objetivos y estables.
La principal exigencia radica en cumplir con lo dispuesto en la Ley Orgánica 2/2023 (LOSU), que establece una financiación basal suficiente que cubra gastos esenciales como personal y funcionamiento adecuado. El incumplimiento de este mandato legal pone al sistema universitario andaluz en una situación financiera vulnerable.
Compromisos incumplidos por parte del Gobierno
Finalmente, instan al presidente de la Junta a honrar su compromiso hecho en sede universitaria: añadir 16 millones de euros destinados a sostenibilidad y digitalización. Esta asignación adicional ha desaparecido del reparto realizado por la Junta.
Las universidades públicas desempeñan un papel estratégico en la sociedad andaluza; sin ellas, los niveles de desarrollo económico y social sufrirían drásticas reducciones. En sus campus se forman futuras generaciones bajo principios de igualdad y se genera conocimiento que beneficia a empresas e instituciones, multiplicando significativamente cada euro invertido. Todo esto se realiza bajo estricta transparencia y control público.
No obstante, estas dificultades están debilitando progresivamente el sistema universitario público andaluz, esencial para garantizar progreso e igualdad de oportunidades. Ante esta situación persistente, las universidades públicas están dispuestas a defender sus derechos mediante acciones legales si continúan los incumplimientos por parte del Gobierno andaluz.
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