Las Universidades Públicas de Andalucía han expresado su preocupación por diversos aspectos del Proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) durante una reciente comparecencia en la Comisión de Universidad, Investigación e Innovación del Parlamento andaluz. A través de su portavoz, Paco Oliva, los rectores han señalado que el nuevo texto incorpora cambios “sustanciales y no consensuados” que podrían poner en riesgo la autonomía universitaria y contradecir la normativa estatal.
Oliva ha enfatizado que las universidades han mantenido un diálogo constructivo con la Consejería durante meses, logrando un borrador negociado que contaba con el respaldo de las instituciones académicas. Sin embargo, el actual proyecto difiere significativamente de lo acordado, lo que ha llevado a los rectores a manifestar su inquietud ante esta Comisión.
Preocupaciones sobre la Autonomía Universitaria
Uno de los puntos más críticos es la posible violación del derecho fundamental a la autonomía universitaria, tal como está reconocido en la Constitución Española y desarrollado por la LOSU. La nueva redacción de la LUPA incluye artículos que podrían permitir una injerencia directa de la administración autonómica en competencias exclusivas de las universidades.
Entre estos artículos se encuentra la disposición que exige que la Relación de Puestos de Trabajo del personal docente y administrativo sea aprobada mediante Orden de la Consejería. Oliva ha subrayado que “nunca antes la Junta ha intervenido en la configuración interna de nuestras plantillas”, lo cual forma parte del núcleo esencial de la autonomía universitaria.
Además, las universidades consideran restrictivo y poco democrático que el proyecto limite el número máximo de integrantes para órganos colegiados como el Claustro o el Consejo de Gobierno, competencias que deberían ser determinadas por los Estatutos de cada universidad según lo estipulado por la LOSU.
Cambios Controversiales en Contratación y Supervisión
En cuanto a contratación, las universidades han manifestado su rechazo a la revisión semestral por parte de la Consejería sobre las causas para contratar profesorado sustituto, así como a la creación de figuras contractuales no contempladas en la LOSU. Otro aspecto polémico es la obligación de incluir un interventor externo perteneciente a cuerpos específicos de las Administraciones públicas. Según Oliva, “las universidades ya contamos con un sistema riguroso y autónomo de control económico”.
También se ha señalado que el proyecto otorga a los Consejos Sociales funciones que superan lo establecido por la normativa estatal y aumenta su dependencia del Gobierno andaluz. Esto genera especial preocupación debido a una nueva competencia para aprobar el Plan Plurianual de Financiación.
Las instituciones académicas han hecho hincapié en la necesidad de recuperar referencias normativas a organismos como la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía, eliminada del texto actual pero presente en borradores anteriores.
Financiación y Sostenibilidad del Sistema Público
Respecto al tratamiento normativo hacia las universidades privadas, Oliva ha exigido que los programas de becas financiados con fondos públicos se destinen exclusivamente al alumnado de las universidades públicas. Además, ha resaltado que cualquier universidad aún no constituida debe cumplir todos los requisitos legales antes de iniciar sus actividades.
Paco Oliva también ha insistido en que es crucial asegurar una financiación adecuada para implementar efectivamente esta ley. “Si no se alcanza cuanto antes el 1% del PIB en financiación universitaria, muchas obligaciones impuestas serán inviables”, advirtió. Una ley sin financiación adecuada podría convertirse en papel mojado o incluso amenazar la sostenibilidad del sistema público universitario.
En conclusión, el representante de las universidades públicas ha reiterado su deseo común: contar con una norma sólida y útil para el futuro del sistema universitario andaluz. “La ley debe perdurar respetando nuestra autonomía y ajustándose al marco estatal”, instó Oliva a los grupos parlamentarios para reconsiderar los artículos conflictivos durante el proceso legislativo.
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