La reciente acción de tutela liderada por Alanys Graterol, egresada del programa de Derecho, ha permitido restablecer los derechos de un ciudadano con ceguera total, quien no pudo defenderse debido a una barrera comunicacional. Este caso resalta la importancia de la accesibilidad y el debido proceso en el ámbito administrativo.
El problema comenzó cuando un hombre, afectado por un glaucoma terminal que le ocasionó ceguera total, recibió una notificación de Colpensiones que nunca pudo leer. La decisión contenida en ese correo electrónico era crucial para su futuro laboral y pensional, pero la falta de acceso a la información cerró las puertas a su derecho de defensa. Lo que parecía ser un caso perdido debido al vencimiento de términos se transformó en un precedente significativo gracias al Consultorio Jurídico de la Universidad del Norte.
Un camino hacia la justicia y la dignidad
El proceso se remonta a 2025, cuando el usuario inició su calificación de pérdida de capacidad laboral tras años lidiando con su enfermedad. Según Graterol Cueto, el verdadero problema no residía en la decisión tomada por Colpensiones, sino en cómo fue comunicada.
“El señor no tuvo acceso material a la notificación. Al tratarse de una persona con ceguera total, no pudo conocer el contenido del dictamen y, por ende, no pudo ejercer su derecho a la defensa dentro del término legal”, explica Graterol.
A pesar de que el plazo para manifestar inconformidad era de diez días hábiles, Barrios presentó su respuesta casi un mes después y recibió como resultado el rechazo por extemporaneidad.
Pensar el derecho más allá de la norma
Cuando el caso llegó al Consultorio Jurídico en diciembre, las circunstancias eran complicadas. Sin embargo, Graterol identificó una vulneración del debido proceso administrativo: “Colpensiones no implementó ajustes razonables para garantizar que el usuario pudiera acceder a la información. Esto generó una carga desproporcionada y le impidió ejercer su defensa”, agrega.
Con base en precedentes establecidos por la Corte Constitucional, Graterol presentó una acción de tutela actuando como agente oficiosa en nombre del usuario, quien no podía hacerlo directamente.
“Este caso demuestra que el derecho no es solo norma, sino interpretación. Muchos habrían considerado que ya no había nada por hacer, pero aquí se pensó fuera de lo convencional”, señala Fabián Andrés Díaz Hernández, docente asesor del Consultorio Jurídico.
Decisión judicial y sus implicaciones
El 6 de febrero, el Juzgado Séptimo Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Soledad falló a favor del usuario. La decisión ordenó a Colpensiones dejar sin efecto la firmeza del dictamen original y rehacer la notificación con ajustes razonables que aseguren un acceso real a la información.
Además, se reabrieron los términos para que Barrios pudiera ejercer su derecho a manifestar inconformidad. El fallo exige que Colpensiones envíe el dictamen en un formato accesible compatible con lectores de pantalla y acompañe esta notificación con un resumen claro y comprensible para lectura por voz.
Reflexiones sobre discapacidad y accesibilidad
Para Díaz Hernández, este resultado va más allá del ámbito jurídico; pone en evidencia una problemática estructural: “La discapacidad no está en la persona, sino en las barreras impuestas por el entorno”, enfatiza. Este caso ejemplifica claramente el modelo social de discapacidad, donde se destaca que las limitaciones provienen principalmente del entorno y no del individuo.
Gracias al fallo judicial, Barrios finalmente pudo presentar su manifestación de inconformidad. Actualmente, su caso está siendo evaluado ante la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Atlántico para determinar su acceso a una pensión por invalidez.
No obstante, nuevos desafíos han surgido durante este proceso. El equipo del Consultorio ha señalado que Colpensiones volvió a incurrir en fallas al no garantizar plenamente una notificación accesible.
Un compromiso renovado con los derechos humanos
A pesar de estas dificultades adicionales, Alanys ha estado comprometida con asegurar que Barrios comprenda completamente las decisiones tomadas respecto a su caso: “En la práctica, fui yo quien terminó leyéndole el contenido al señor”, recalca.
“Este resultado reafirma mi vocación por el Derecho”, concluye Alanys al reflexionar sobre cómo ha podido contribuir positivamente al respeto por los derechos humanos incluso antes de graduarse.
Este éxito del Consultorio Jurídico subraya no solo la formación integral brindada a sus estudiantes sino también el impacto tangible que puede tener la academia en las vidas de quienes enfrentan barreras significativas para acceder a justicia y dignidad.
Si (
No(
